Cuando las apariencias engañan

“No cabe una posición de neutralidad en la comprensión de la prostitución (…) Todo sujeto que se acerca a la comprensión de un fenómeno, y más aún a la comprensión de un fenómeno social, lo hace desde un paradigma (conjunto de teorías que considera verdaderas), y desde un determinado sistema de valores”

Ana Rubio, profesora de la Universidad de Granada. Abolicionista.

La prostitución genera un profundo rechazo entre ciertas personas y colectivos. Esto creo que es indiscutible. Se la ha calificado de “degradante practica”, “siniestro negocio”, “perversidad”, o “lacra social”. ¿Cual es el motivo? ¿Podemos relacionar la prostitución con otros aspectos de la vida social, o incluso con un “sistema de valores” como apunta la señora Ana Rubio? De existir estos valores, ¿son compatibles entre sí, es decir, es posible el entendimiento entre quienes abogamos por la normalización de la prostitución y los abolicionistas?

Fui observando la existencia de ciertas pautas entre quienes abordamos este fenómeno. Aquellas organizaciones que mantenían posturas similares en multitud de asuntos políticos, también coincidían en éste. Y del mismo modo que existían fuertes debates internos en el seno de dichos colectivos por estos otros temas, la prostitución no escapó de la disputa. En su momento no había llegado a relacionar todo lo que veía que estaba sucediendo, me limitaba a tomar cada uno de estos aspectos por separado, así diferenciaba la política territorial de la educativa y ésta de la económica. En principio no tendrían nada que ver entre sí, sin embargo podemos comprobar que las “recetas” que aplican unas u otras formaciones políticas invariablemente toman siempre el mismo sentido. ¿Por qué? Sencillamente porque detrás existe un PROYECTO POLÍTICO común para todos los aspectos de la vida social.

Sé que estoy entrando en un terreno escabroso y muy polémico, no obstante es necesario. Con toda seguridad me gane aún más enemigos, pero bueno, yo ya sabía a lo que venía. Continuemos, como habréis observado quienes hayáis seguido la evolución de los debates (enfrentamientos, más bien) sobre la prostitución en nuestro país, se han conformado dos bandos, o polos, claramente diferenciados. Curiosamente los abolicionistas recurren continuamente a una justificación ideológica, así son los valores “progresistas”, “feministas” o de “izquierda” los que sustentan su compromiso con la erradicación de la prostitución. Por eso doy tanta importancia a este aspecto, porque la retórica de la SUPERIORIDAD MORAL DE LA “IZQUIERDA” es un hecho, nada que me invente yo. La consecuencia lógica de esta “legitimación ideológica” es la destrucción política de quienes se les opongan, así las feministas que no les bailen el agua dejarían de serlo, se convertirían en unas traidoras “vendidas al patriarcado”; las prostitutas que afirman ejercer libremente (o peor aún, disfrutar con su actividad) estarían “alienadas”, manipuladas; y los hombres clientes seríamos intrínsecamente malvados y prácticamente tendríamos que pedir perdón por haber nacido.

Fácilmente encontramos precedentes a esta actitud excluyente y totalitaria. Quien no se doblega al pensamiento único es machacado, se fabrica un estereotipo de la persona de derechas, del no nacionalista, del “machista” que critica las medidas des-igualitarias del gobierno… la creación de estos tópicos contra el enemigo (recibe tal consideración, no la de adversario) ha sido la pieza clave de las estrategias de los regímenes autoritarios. ¿Insinúo con esto que nuestro gobierno lo es? Quien tenga ojos que vea, y quien tenga oídos que escuche.

(Ya lo dije, no escribo aquí para hacer amigos. No pensaba comenzar a dar estopa tan pronto ni de manera tan directa, pero mirándolo bien, eso que adelanto).

Y bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? En mi anterior mensaje cité varios ejemplos como demostrativos de posturas totalitarias, todas recubiertas con un barniz izquierdista. Entre ellos aludí a la política de paridad, lo cual extrañó a Ibán:

“Yo no entiendo por qué opones el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres al establecimiento de unas cuotas femeninas de participación en la toma de decisiones o en los cargos directivos de los partidos políticos, empresas, etc. Sabiendo que este es un tema que ha sido debatido en el seno del feminismo en relación con el problema de la igualdad, me gustaría que nos clarificases un poco más de tu postura al respecto”

Entiendo que el establecimiento de cuotas, la llamada "discriminación positiva" (término que es una obviedad, la discriminación siempre va a ser positiva para algunos en perjuicio de otros), supone una diferenciación inexistente, y, como apunta Marien (comentario #3 del anterior mensaje), potencialmente muy dañina para las propias mujeres.

Primero, en el plano teórico, supone una simplificación extrema del concepto de igualdad, que en este caso conduce a su desnaturalización. Ésta es una igualdad referida a las oportunidades, no a los resultados. ¿Que es una buena noticia el que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad que tradicionalmente las habían estado vetados? INDUDABLEMENTE. Pero quien ha de conseguir esto es LA SOCIEDAD CIVIL, la paridad debe ser el resultado de una sociedad que haya interiorizado unos valores igualitarios, no algo que se imponga desde un ESTADO DIRIGISTA que emplea las leyes para realizar INGENIERÍA SOCIAL.

Es decir, mi oposición no está en el fin sino en los medios. Pero éste no es un aspecto baladí, pues LOS MEDIOS CONDICIONAN EL FIN. Una sociedad pretendidamente igualitaria si se quiere conseguir a las bravas desemboca en totalitarismo, en esclavitud, en la mayor de las barbaridades que hayan existido, como la extinta URSS.

Las políticas de género disfrazan con frecuencia los auténticos problemas y diferencias sociales. ¿Hasta qué punto nos importa realmente una medida tan publicitada como la paridad en el gobierno o a la hora de elaborar listas electorales mientras "el bacalao" se lo reparten los de siempre?

Os voy aponer un ejemplo muy claro, con el que vais a entenderme perfectamente. Existe un consenso generalizado acerca de que es preferible una alta participación electoral, pues proporciona una mejor representatividad del electorado y también dota de mayor legitimidad al sistema político. Sin embargo estaríamos desvirtuando este noble fin si, para alcanzarlo, recurrimos a una medida coactiva como es el voto obligatorio. La alta participación electoral, como la igualdad entre hombres y mujeres, no puede imponerse. Han de crearse las CONDICIONES que la hagan posible. Podemos trasladar a la ciudadanía el mensaje de que es su responsabilidad cívica el acudir a las urnas, no como se ha hecho hasta ahora de que escojan “el mal menor”, sino infundiendo esperanza con una alternativa ilusionante (por ejemplo lo que ha hecho UPyD, al mejorar casi un 150% su apoyo electoral en las pasadas europeas). Del mismo modo podemos promover valores igualitarios que cuestionen los roles de género tradicionales, en lugar de las campañas de satanización del varón o de una legislación que nos presupone culpables. Asimismo el poder público tiene en su mano medidas de intervención directa al establecer “reglas del juego” para alcanzar esos fines, pero éstas deben limitarse a los aspectos institucionales. Por ejemplo puede bajar la barrera electoral de modo que el sistema político sea más inclusivo y así animar a una mayor participación, pero NO estaríamos otorgando ninguna “cuota” a los partidos, sino que intentamos que todos CONCURRAN en unas condiciones lo más equiparables posibles. Del mismo modo es necesario eliminar aquellos obstáculos estructurales que han marginado de la vida pública a las mujeres, como fue en su día la extensión del sufragio o ahora la inclusión de mujeres en el gabinete, sin recurrir a la COACCIÓN en la obtención de resultados. Por poner un ejemplo por todos conocido, sin necesidad de ninguna cuota las mujeres llegaron a tener incluso más presencia que los varones en las universidades cuando tuvieron acceso a ellas.

Este es el resultado de una ciudadanía inclusiva, que no haga distinciones por el sexo, color de la piel, religión, lengua, o cualquier otra diferenciación artificial, que politizada por los sectores interesados se convierte en un cleavage social. La necesidad de una política de cuotas ha sido también argumentada desde el punto de vista de la representatividad, ¿puede un hombre representar a una mujer? Llevado a su consecuencia lógica este argumento conllevaría que existiesen elecciones separadas de hombres y mujeres, que ellas tuviesen reservado un número de escaños por ley. Evidentemente el propio concepto de la representatividad presenta sus problemas, pero es la única manera conocida hasta el momento de articular la democracia en un Estado moderno. Sin embargo la representatividad será entendida en relación a los planteamientos políticos, más allá de las condiciones o circunstancias personales, podríamos preguntarnos si un viejo puede representar a un joven, un heterosexual a un homosexual o una persona capaz a una impedida. Desde luego que habrá diferencias entre nosotros, pero eso no nos va a hacer desiguales, por ello me representará mejor aquella persona que diga y haga lo que yo digo y hago, independientemente de lo que tenga entre las piernas.

En la práctica el establecimiento de cuotas tiene efectos contraproducentes, como indicó Marien. Resulta que si tenemos en un puesto a una persona que se sabe que ha accedido a él por otras razones diferentes de su valía personal, vamos a albergar serias dudas sobre su competencia. Dudas que se ven disipadas con “elementas” como la Trujillo, la Álvarez o la Aído. ¿Qué es lo que interpreta la ciudadanía, o por lo menos parte de ella? Pues que son las MUJERES FLORERO de toda la vida, pero en vez de estar puestas ahí para “fardar de hembra” como antaño, ahora lo están para “fardar de feminista”. Típico de un gobierno que vive de la propaganda, de las mentiras y de aparentar lo que no es.

Por último no quiero decir que no exista lugar para una “discriminación positiva” (prefiero llamarla intervención social), siempre y cuando se orienten a alcanzar una igualdad de oportunidades real, y no la concesión de privilegios como está ocurriendo. Considero necesarias políticas de ayuda e inserción social para colectivos que, objetivamente, se hallan en desventaja por sus necesidades particulares, o dificultad de encontrar empleo, o situación de exclusión social. Es el caso de las personas discapacitadas, no se encuentran en las mismas condiciones que el resto. Por lo tanto yo, que considero iguales a las mujeres, no puedo apoyar una medida diferenciadora y paternalista como es el establecimiento de cuotas. Al ser iguales reciben el mismo trato, para mí no somos tanto "hombres" o "mujeres", sino CIUDADANOS (o personas, porque la ciudadanía presupone la existencia de unos derechos que lamentablemente no todos tenemos).