"Las mujeres que están en esto reiteradamente insisten en que su actividad es un trabajo, y pienso que no podemos ser sordos a la voz de las mujeres".
Los pro-derechos o regulacionistas fundamentamos nuestra reivindicación de una regulación de la prostitución en una serie de aspectos básicos. Para empezar el reconocimiento legal de una actividad que, aun con sus peculiaridades, no es esencialmente distinta de cualquier otra: se presta un servicio a cambio de una retribución económica. Es evidente que algunas personas considerarán indecente o inmoral que ese servicio sea de carácter sexual, bien, no están obligadas a requerirlo. No pueden imponer su moral particular a los demás, hay grupos que animan a no comprar pieles, dejar de consumir carne o boicotear los productos israelís, por ejemplo; y creo que están en su derecho, si llevan razón y la gente entiende que su vida será mejor haciendo lo que dicen les harán caso. En relación con la prostitución el problema reside en que las convicciones particulares de grupo social están limitando los derechos y libertades de otro. No es éste un problema nuevo, históricamente muchos colectivos humanos han sufrido el rechazo y exclusión social, por ejemplo los negros, los judíos, los homosexuales... afortunadamente la tendencia es que las barreras étnicas, religiosas, sexuales o del tipo que sean vayan desapareciendo, con lo cual tenemos una sociedad cada vez más abierta. Bien, creo que ya es hora de que lo mismo suceda con las personas que ejercen la prostitución, que se las empiece a ver como cualquier otro individuo y no como un/a puto/a.
Pero además, a más corto plazo, pretendemos una mejora inmediata de las condiciones en las que se ejerce la prostitución. Somos conscientes de que recorrer el camino citado anteriormente llevará tiempo, no es algo que se haga de un día para otro y por eso mientras tanto no podemos desatender los problemas más perentorios que se dan en la prostitución. Entendemos que la regulación, como pueden leer en la siguiente entrevista que les adjunto, va a ayudar a proteger a las prostitutas de las mafias que las hostigan, reprimen y se aprovechan de ellas de diversas formas (extorsión en dinero o en "especie"). Es un hecho que el principal motivo por el que no se regula la prostitución en España no responde al estridente pero ineficaz debate que mantenemos regulacionistas con abolicionistas, sino al interés económico de las mafias de la prostitución que se aprovechan del limbo legal para lucrarse de estas chicas. Sí, en teoría incurren en delito, pero a ver quién es el guapo que denuncia a policías, comisarios y quizá alcaldes. La administración pública española se encuentra muy cómoda con la situación actual, y de hecho está comenzando a dar una apariencia de legalidad a sus pútridos chanchullos en forma de ordenanzas que permiten multar el ejercicio de la prostitución en medio abierto. Por otra parte algunos clubes y pisos ofrecen condiciones de trabajo claramente abusivas (obligatoriedad de realizar ciertas prácticas como felación sin condón, un horario excesivo o una retribución insuficiente). Si la prostitución es reconocida como trabajo las chicas podrán sindicarse y nombrar delegados de personal (incluso llegar a tener un comité de empresa en los macro clubes) que puedan negociar colectivamente las condiciones de trabajo con los empresarios en pie de igualdad. No es nada del otro mundo, sencillamente han de tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, ni más ni menos.
Las prostitutas consideran el suyo como un verdadero trabajo. Desoírlas significa negar su libertad y autodeterminación.
Por último al aceptar la prostitución ésta iría perdiendo buena parte de la mala fama que arrastra, se iría eliminando la idea que se tiene de ella como tabú. Las leyendas urbanas (enfermedades sexuales, trata de blancas, violencia de los clientes, etc) irían siendo desmitificadas con lo cual ciudadanía estaría mejor informada y sería más libre. Todos estos puntos pueden resumirse en uno, en última instancia buscaríamos lo que se denomina la "normalización social": el que sea posible poder confesar ante tu familia a lo que te dedicas, que no suponga una vergüenza declarar públicamente a lo que te dedicas.
De todo ello habla en profundidad la psicóloga Doña Cristina Garaizábal Elizalde, cofundadora del Colectivo Hetaira y una de las activistas pro derechos más conocidas en toda España. Denuncia que, hasta el momento, la legislación sobre prostitución no se ha elaborado teniendo en mente las necesidades y reclamaciones de las personas que ejercen la prostitución, sino los intereses económicos del Estado. Eso es completamente cierto, hoy por hoy la prostitución es vista desde una perspectiva institucional como otra forma de financiación de entes locales y partidos políticos (como las recalificaciones, malversación de fondos públicos, creación de ONGs ad hoc o adjudicaciones "a dedo" de contratos y subvenciones).
Entrevista realizada por Manuel Llusia a Cristina Garaizabal
(Página Abierta, nº 132-133, diciembre de 2002/enero de 2003)
El comercio del sexo, y más concretamente la prostitución, se ha transformado de un hecho cotidiano –dentro de una amplia actividad– que se mantenía aparentemente fuera de los problemas y conflictos sociales o un asunto de debate público, que obliga al poder político a plantearse un quehacer específico sobre ello. Al parecer ya no vale dejar este asunto en manos de la actuación policial –unas veces de tolerancia, otras de hostigamiento, y hasta de represión, cuando no de aprovechamiento de diverso tipo– o del Código Penal con su despenalización general de la prostitución y las penalizaciones particulares referidas a la edad, el abuso, etc. Ahora ya se habla, en el ámbito local o estatal, de alguna forma de regular, normativizar, legislar sobre todo este tan amplio y plural mercado, porque, entre otras cosas, mueve ingentes cantidades de dinero y porque el debate público lo demanda cuando se desvía básicamente hacia lo que supone la prostitución callejera, que es vivida o sentida como conflictiva.
Y todo ello atravesado por las consideraciones presentes en la sociedad sobre el significado del ejercicio de la prostitución, que tanto tienen que ver con la cultura más extendida sobre la sexualidad y sobre ésta en las mujeres.
De este controvertido y complejo tema hablamos con Cristina Garaizabal, sicóloga, autora de numerosos ensayos sobre esta materia y fundadora, junto a otras mujeres, de Hetaira, un colectivo madrileño cuya identidad viene definida por su lucha por los derechos de las prostitutas.
Lo primero que nos plantea Cristina es su concluyente forma de ver la prostitución ejercida por mujeres: «Las trabajadoras del sexo son mujeres que, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. En esta medida, la venta de servicios sexuales es un trabajo para ellas y, en consecuencia, se les deben reconocer los derechos sociales y laborales que se desprenden de su situación».
– Hablas de "su situación" como de algo común a todas las trabajadoras del sexo...
– Aunque partamos de la diversidad tan amplia en la situaciones de trabajo y de existencia, sí podemos decir que existe una común situación derivada, de la no consideración de su actividad como un trabajo.
En primer lugar, las trabajadoras sexuales no son consideradas como tales trabajadoras sino como putas, con todo lo que esta palabra comporta, con el estigma que encierra. Toda su vida es valorada bajo este prisma: son “otras” mujeres, otra casta, para mucha gente llevan marcada la depravación moral por lo que hacen (o, incluso, porque “su impulso sexual ya las hacía tender a ello”); son consideradas “malas madres” (se ve como contrapuesta la identidad de madre con el ejercicio de puta); se las considera siempre como víctimas o como “pobres mujeres” (manipuladas por otros y condicionadas totalmente por una situación que las obliga a ello; es el caso de las extranjeras, a las que casi en su totalidad se las ve atrapadas por las redes de tráfico); se desprecia o no se respeta su vida amorosa (sus compañeros son vistos como “los chulos”)... En otro extremo, muy de actualidad, esa consideración de puta lleva a la negación de un derecho humano básico: a salir de sus países y emigrar a otros que se supone les pueden ofrecer mejores condiciones de existencia.
Y lo que digo es sólo una pequeña muestra de ese estigma que tanto tiene que ver –y tanto nos afecta en general a las mujeres– con las ideas sobre la sexualidad que existen en las sociedades patriarcales: la división entre “buenas” y “malas” mujeres en función de nuestra sexualidad.
– ¿Y en segundo lugar...?
– No se las ve como un colectivo social que ejerce una labor por la que cobra al que ha de reconocerse como sujeto de derechos por las características de esa actividad, por las condiciones en las que se ejerce, por las discriminaciones que sufre una buena parte de ellas en ese trabajo o por la falta de equiparación frente a otras actividades reconocidas como laborales, por su marginación...
– Lo que dices plantea al menos varios interrogantes. ¿Realmente se puede hablar de derechos comunes para todas las trabajadoras del sexo? ¿Desean éstas una reglamentación o legislación al respecto?
– Cuando reclamamos una regulación de este trabajo deseamos que en ese proceso las trabajadoras del sexo se constituyan y sean reconocidas como sujetos sociales y sujetos de derechos, en cuanto tales, y que, tanto el debate que se genere sobre esta actividad como las medidas concretas que se adopten, sirvan para dar poder a las trabajadoras para que logren mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y que eso repercuta en su autoafirmación personal y en la normalización de esta actividad. Será el conjunto de este proceso el que sirva para luchar contra el estigma que hoy recae sobre quien ejerce este trabajo.
Insisto en que hay que ser conscientes de que una regulación sin más no acaba con la marginación o la discriminación de las trabajadoras del sexo. Para que mejore su situación, especialmente la de las más pobres y las inmigrantes, y que, mayoritariamente son las que ejercen la calle, es necesario que se legisle pensando fundamentalmente en reconocer legalmente sus derechos para que así su actividad pueda ser reconocida como un trabajo y combatir el secretismo y la vergüenza en los que hoy se mueven.
El trabajo sexual no es un trabajo como cualquier otro. Por el estigma que conlleva ejercerlo y porque lo que se venden son actos sexuales, deben contemplarse las especificidades que comporta y tenerlas en cuenta a la hora de legislar sobre él. Cualquier medida legislativa que se tome tiene que tener en cuenta la voz de las trabajadoras del sexo. Se les tiene que consultar sabiendo que no tienen una voz unificada ni homogénea porque sus situaciones de trabajo y existencia son muy diversas: diversidad en cuanto a su conciencia de trabajadoras; diversidad en las condiciones del ejercicio de la prostitución (calle, clubs, autónomas, por libre, asalariadas...); diversidad en las condiciones sociales, culturales, económicas…, en la nacionalidad; diversidad en la forma de vivir el trabajo, en cómo les afecta el estigma…
Y esa diversidad, como en parte ya he dicho, hace que las quejas directas de estas trabajadoras sean variadas y sean más o menos explícitas. Y se hacen más presentes, lógicamente cuando surgen los conflictos. Pero hay muchos límites al desarrollo de una conciencia de sus derechos. En España, a diferencia de otros países, no sólo de Europa, también de América Latina, no hay aún movimientos propios de trabajadoras del sexo permanentes, pero sí los ha habido en momentos determinados.
– ¿Qué posiciones hay a la hora de proyectar una legislación específica sobre esta materia? ¿Y qué experiencias conocéis?
– Por lo que nosotras conocemos, gracias a nuestra pertenencia a la Red Internacional de Defensa de los Derechos de las Prostitutas, existen diferentes políticas estatales en relación a la prostitución. En general, en los países donde se ha reglamentado la prostitución se ha hecho sin contar con las trabajadoras y no desde el punto de vista de defensa de sus derechos, sino más preocupados por otras cuestiones.
-Una, por la participación del Estado en las ganancias económicas que esta actividad genera. Para ello, por ejemplo, se ponen en marcha impuestos especiales.
-Dos, por la salud pública, y, en particular, la de los clientes, de ahí los controles sanitarios obligatorios.
-Tres, por los problemas de orden público, con leyes, por ejemplo, para establecer las zonas de tolerancia y sus límites.
-Cuatro, por el control de la población, estableciendo, entre otras cosas, registros obligatorios para prostitutas para poder trabajar.
Más en concreto podemos decir que existen cuatro filosofías generales a la hora de legislar la prostitución: el abolicionismo, la prohibición, la reglamentación y la despenalización o la tolerancia.
En el concepto y práctica abolicionista no se castiga el ejercicio de la prostitución pero sí se criminaliza todo lo que la rodea, lo que incluye a los mismos “clientes”, con lo cual la trabajadora del sexo no puede trabajar y se empeoran notablemente sus condiciones de trabajo. Es el caso de Suecia. Suele ser la filosofía que acompaña las medidas prohibicionistas.
En los países en donde se prohibe la prostitución, como son los casos de EE UU, Canadá, Tailandia, Inglaterra, Francia, entre otros, no es ilegal ser prostituta pero está prohibido todo lo necesario para trabajar como tal. El resultado es la corrupción extrema, la super-explotación y el que no se pueden juntar ni asociar las que ejercen la prostitución.
Allá donde se ha llevado a cabo una reglamentación (Ecuador, Alemania, Austria, Suiza...) no ponen la prostitución bajo los códigos mercantiles sino bajo el código penal y el control de la policía estatal. Los problemas principales son: la dificultad para organizarse, debido al control, y la estigmatización que implican los registros obligatorios; la ilegalidad de aquellas que no se someten a las normativas legales; los impuestos especiales; los controles sanitarios obligatorios; la falta de reconocimiento de los derechos de las prostitutas que trabajan en locales que dependen de otros; los recortes del derecho a moverse y trabajar dónde decidan.
En cuanto a fiolosofía de la tolerancia o despenalización, que es el caso de nuestro país, el problema fundamental es la falta de reconocimiento y de derechos de las trabajadoras del sexo. Se toleran los locales de prostitución pero, al no ser reconocidos, las trabajadoras no pueden exigir nada sobre las condiciones de trabajo ni sobre los beneficios sociales que tienen el resto de trabajadores. La despenalización también puede ser utilizada para crear normativas municipales que controlen y discriminen especialmente a las inmigrantes.
– Ahora se habla de una mayor regulación y aparecen diferentes iniciativas legislativas en nuestro país...
– En los últimos tiempos se han producido cambios en las políticas gubernamentales sobre la prostitución. Por un lado, la Generalitat de Catalunya ha aprobado, en septiembre, una normativa para regular el ejercicio la prostitución. Esta normativa responde a la presión de ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) y establece básicamente las condiciones que deben cumplir los locales dónde se ejerce la prostitución, y, de paso, la prohibe en la calle. La filosofía que la inspira es una mezcla de abolicionismo y tolerancia: se decretan múltiples medidas de reinserción y se controla el funcionamiento de los locales. Esta normativa está apoyada, además, en decretos municipales aprobados en el 92, encaminados fundamentalmente a dar una cara “limpia y bonita” de la ciudad para las Olimpiadas. Estos decretos son los que se están aplicando ahora para cerrar pensiones y pisos dónde se ocupan las que trabajan en la calle.
Por otro lado, el PP en su Congreso de Madrid aprobó el tomar medidas similares a las de la Generalitat, y en el Cabildo Insular de Canarias presentó una propuesta en este mismo sentido. Lo que nos dijeron en las entrevistas que, en su día, mantuvimos con Ruiz Gallardón y Manzano va en esta dirección: regular el funcionamiento de los locales de alterne en cuanto a su ubicación, higiene, etc., regular las condiciones de las que trabajan en ellos (controles sanitarios obligatorios, seguridad social y registros obligatorios como trabajadoras) y prohibición de la prostitución en la calle.
El PSOE sigue con sus contradicciones internas aunque mayoritariamente su posición se resume en las declaraciones de Simancas (el candidato a la Comunidad de Madrid): la prostitución es una actividad degradante y no se puede considerar un trabajo; hay que establecer medidas de reinserción para las prostitutas, endurecimiento de las penas por trata de mujeres para la explotación sexual, erradicación de la prostitución de calle porque molesta al vecindario y genera delincuencia y medidas de control del funcionamiento de los locales de alterne. Trinidad Jiménez, candidata a la alcaldía de Madrid parece huir tanto del término “legalización” como del de “prohibición”, prefiere hablar de regularización de una actividad que considera también degradante e ilegítima.
Donde parece que tienen más contradicciones es en Catalunya, ya que Carme Valls, una independiente que va en el tercer puesto en las listas del PSC para la Generalitat y que tiene bastante influencia dentro del partido, comparte puntos de vista parecidos a los nuestros y se muestra bastante combativa en su campaña interna para que se modifiquen las posiciones del PSOE.
– ¿Y en Europa?
– En Europa no corren aires mejores. La política de la UE es incoherente y está llena de contradicciones. Por un lado, está la posición general declarada por la UE que “apoya el derecho de las mujeres a trabajar como prostitutas y también reconoce el derecho de las asociaciones para prevenir que las mujeres trabajen como prostitutas”. Por otro, se empieza a notar la presión de los grupos abolicionistas en las reuniones europeas. Y en la práctica, sin embargo, cada vez son más los países que legislan sobre esta materia.
Las leyes que, hasta este momento, existen en los diferentes países no contemplan los intereses de las trabajadoras. Todas están hechas desde el punto de vista de defender los intereses estatales y ciudadanos (recaudación de impuestos especiales por parte del Estado, medidas de control y estigmatización de las trabajadoras a través de registros obligatorios que controla la policía, controles sanitarios obligatorios y zonas restringidas para el ejercicio…)
Y ni tan siquiera la holandesa, que es la más progresista, ha dado respuesta a lo que creemos son las necesidades y derechos de las trabajadoras del sexo. Sobre este caso yo destacaría tres problemas. Uno, que no es suficiente que se den de alta como trabajadoras y paguen impuestos: esto es necesario, pero se deben contemplar una serie de derechos paralelos, si no las trabajadoras no se dan de alta porque no ven las ventajas que se pueden derivar de ello. Dos, el problema específico que viven las inmigrantes: la necesidad de que se contemple la concesión de permisos de residencia para poder seguir ejerciendo este trabajo, incluyendo a las víctimas del tráfico, pues para muchas es la opción más realista que tienen. Tres, los problemas en la concesión de licencias: lentitud, boicot de algunos ayuntamientos, etc.
Últimamente, además, algunos países han tomado medidas que criminalizan y prohíben la prostitución en la calle. Es lo que está pasando en Francia, donde la prostitución está prohibida y las autoridades se están tomando muy en serio su represión en los últimos tiempos. En algunas localidades se han aprobado disposiciones municipales que endurecen las medidas contra la prostitución de calle. O en Italia que van en la misma línea, aunque, de momento, han conseguido parar las medidas que proponía el Gobierno de Berlusconi.
– ¿Se diría que las leyes contra la prostitución de calle están a la orden del día?
– Efectivamente. Coinciden además con las políticas de cierre de fronteras y el endurecimiento consiguiente de las leyes de extranjería, de clara repercusión sobre las que trabajan en la calle, mayoritariamente inmigrantes. Todo ello envuelto en la propaganda de la lucha contra la inseguridad ciudadana, asimilando prostitución a drogas y delincuencia. En este sentido no parece que los aires que corren por Europa sean favorables ni casuales.
– Pero, ¿cuál vuestra filosofía a la hora de abordar estos problemas?
– Nosotras partimos de unas ideas fundamentales. En primer lugar, de la necesidad de la defensa de las trabajadoras sexuales, esto es lo fundamental. En este camino podemos coincidir con unos y otros, pero de manera coyuntural. Por ejemplo: si cierran una pensión podemos coincidir en intereses con el dueño para que no se cierre, pero si luego éste no cumple unas condiciones aceptables en su local, nos enfrentaremos a él si las chicas reclaman que las cumpla. Digo esto porque es lo que está pasando, por ejemplo, en Barcelona.
En segundo lugar, de la urgencia del reconocimiento de derechos humanos, sociales y laborales para las trabajadoras del sexo. Estamos en contra de la reglamentación o regulación de la prostitución que no parta de este principio.
En tercer lugar, del interés –y defensa, por lo tanto– de la auto-organización de quienes ejercen este trabajo: es fundamental que se conviertan en sujetos sociales, con sus propios liderazgos, con capacidad para negociar, etc. Se debe exigir su reconocimiento y su presencia en cualquier medida que se tome. Presencia múltiple y diversa, evidentemente, en función del tema que se trate.
En cuarto lugar, de la necesidad y urgencia por acabar con las pésimas condiciones de trabajo y de vida en las que viven una amplia mayoría de trabajadoras. Desde este punto de vista creo que hay que diferenciar entre las que trabajan en la calle por cuenta exclusivamente de ellas mismas y las que trabajan dependiendo, en una u otra medida, de terceros.
– Hablemos, pues, de esa diferenciación y de vuestras propuestas concretas. Y empecemos por las referidas a quienes trabajan en la calle...
– Para las que trabajan en la calle, y en su trabajo no interviene nadie salvo ellas y los clientes, la cuestión primera es defender su derecho a ello y mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad en las que lo desarrollan. Ellas van a ser los “chivos expiatorios” en la actual situación pues todo indica que el objetivo es criminalizarlas.
Es cierto que existen muchas prostitutas que prefieren trabajar en lugares cerrados porque así se sienten más seguras. Pero otras prefieren captar la clientela en la calle, pues, aunque implique mayores riesgos, también suele implicar mayor libertad frente a los lugares cerrados donde los dueños son los que imponen las condiciones de trabajo. Generalizar y obligar a que toda la prostitución se desarrolle en lugares cerrados implica aumentar las discriminaciones de aquellas prostitutas mayores o con una apariencia física determinada que no se corresponde con lo que se “lleva” en cada momento.
– Pero ahí nos encontramos con un conflicto social casi permanente...
– Somos conscientes de que el ejercicio de la prostitución en la calle es lo que plantea más problemas y que muchos de los conflictos que se han dado en los últimos tiempos han sido, precisamente, contra la prostitución en la calle, planteándose incluso, por parte, por ejemplo, de alguna asociación de vecinos, la regulación en locales cerrados.
De nuestra experiencia en la resolución de conflictos entre vecindario y prostitutas en zonas de Madrid como Méndez Alvaro, la Casa de Campo o la calle Montera, sabemos que la defensa y puesta en práctica de esto que decimos no está exenta de conflicto y no somos partidarias de que las prostitutas, ni nadie, haga lo que le dé la gana sin tener en cuenta a nadie ni a nada. Como antes decía los espacios públicos son de todos los ciudadanos y su utilización no está exenta de conflictos (otro ejemplo lo tenemos con la práctica del “botellón”). Pero también pensamos que los ayuntamientos no son los únicos que tienen el derecho de establecer cómo se utilizan éstos.
Creemos que el espacio público debe ser negociado por los diferentes agentes sociales en pie de igualdad y no se puede partir siempre de que son las prostitutas (o los jóvenes, en el caso del “botellón”) las que deben plegarse a la voluntad del resto y cambiar de lugar de trabajo.
– Pero, más allá de este derecho que planteas, ¿cómo abordaríais legalmente la resolución de sus problemas laborales y sociales?
– Su reconocimiento laboral pasa por un cierto equiparamiento con los trabajadores autónomos. Es decir, no entrar en la regulación de las relaciones con el cliente y sí buscar o crear un epígrafe general en la Seguridad Social que pudiera permitirles acogerse a pensiones y demostrar que trabajan, lo digo sobre todo de cara a las inmigrantes para conseguir la residencia.
Otro problema son las condiciones de trabajo. Para hablar de esto hay que recurrir a las situaciones concretas, relacionadas con lo específico del lugar donde se ejerce la prostitución: una calle o plaza, unos jardines o parques... En algunos casos ya hemos visto como ellas llaman la atención sobre aspectos necesarios para mejorar esas condiciones de trabajo: buen alumbrado y buenos accesos, servicios, seguridad...
Hay que defender como digo la no criminalización, los pactos en relación al uso de los espacios públicos y las políticas de convencimiento, es decir: si las condiciones son mejores en unas zonas que en otras es de suponer que el grueso de trabajadoras se irán a las zonas habilitadas para ello, siempre y cuando no haya control policial a través de registros obligatorios. Hay que exigir que la policía debe defenderlas y no tratarlas como posibles delincuentes o criminales.
Un último problema con el que nos encontramos es que su persecución y la reducción de los espacios en donde de momento se tolera su presencia lo que hacen es que se produzca concentraciones de trabajadoras del sexo que genera un conflicto muy superior con el vecindario, por ejemplo, y entre ellas mismas.
– ¿Y para el otro gran bloque, para aquellas que ejercen su trabajo con la intervención de terceras personas?
– Un enfoque diferente exigen las que en su trabajo intervienen terceros. Una primera consideración es que las relaciones entre las trabajadoras y esos terceros pueden ser muy diferentes, y por lo tanto también diferentes los problemas y las soluciones.
Un caso es el de las pensiones, "meublés", bares de copas, etc., donde no intervienen más relaciones que las de tener que pagar un precio por habitación o copa. Los problemas pueden ser más parecidos a los que antes he explicado, pues suelen ser los locales que se llevan por delante cuando hacen “limpiezas”. De hecho, en Barcelona la represión fundamental ha sido cerrar las casas donde hacen los servicios.
Otro caso es aquel en el que existen relaciones laborales entre los dueños de los “chiringuitos” y las trabajadoras. También hay que partir de que estas relaciones pueden ser variadas, aunque, por lo que sabemos, lo más general es el trabajo en plaza. Este trabajo consiste en que tú demandas una plaza para trabajar equis días (suelen ser 21) en un club o en una casa. Los plazos los ponen los dueños y no pueden prolongarse porque los clientes quieren renovación. Durante esos días las trabajadoras duermen, comen y están encerradas en el lugar donde realizan esta actividad y no se les deja salir para nada. Las ganancias suelen ser, por término medio, de un 50% para ellas y del otro 50% para los dueños. A ellas se les paga al final de los días fijados para evitar que se vayan, y tienen que pagar, por ejemplo, unos 55 euros al día por el alojamiento y la comida. No tienen horarios, tienen que estar siempre disponibles para cuando un cliente demande sus servicios y las pueden echar en cualquier momento si no generan suficiente trabajo.
También existe el trabajo por servicios. En este tipo, los empresarios favorecen la infraestructura (ponen los apartamentos, reciben las llamadas y las reparten entre las chicas, se preocupan de una cierta seguridad para ellas a través de demandar teléfonos fijos y no móviles, etc.) y se quedan con un tanto por ciento de lo que ellas cobran por los servicios, tanto por ciento variable pero que suele ser alto.
A la hora de abordar los cambios necesarios en estas dos formas de relación digamos “empresarial” hay que tener en cuenta lo siguiente: la prostitución es un trabajo que tiene sus particularidades, cada trabajo es diferente, pero vender actos sexuales, por la importancia que tiene la sexualidad en nuestras sociedades, no es lo mismo que vender pisos, por ejemplo. Además partimos de una situación en la que se dan unos grados muy fuertes de abusos y explotación económica.
Por ello, las leyes no pueden contemplar sólo los aspectos de licencias, localización de los locales, aspectos sanitarios, etc., sino que deben defender la capacidad de autodeterminación de las trabajadoras en su trabajo y especialmente en relación a qué actos están dispuestas a vender y a quién.
En consecuencia creemos que de entrada deben recortarse las prerrogativas de la patronal. En relación con esto cabe plantear, por ejemplo, que a la hora de la concesión de las licencias para montar locales de alterne se tenga en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: permisos preferentes para los locales autogestionados y las cooperativas de trabajadoras sexuales; no conceder licencias a los “trusts” ni a personas que tengan antecedentes penales por tráfico de drogas o agresiones; no permitir que la patronal imponga el tipo de prácticas sexuales o las condiciones de trato con los clientes; que los horarios sean pactados por ambas partes y que entre turno y turno haya, como mínimo, 10 horas para descansar, es decir, que se impida la disponibilidad total; exigir libertad de movimientos de las trabajadoras para entrar y salir, y libertad para romper el contrato en cualquier momento por parte de la trabajadora, ejerciendo su derecho a que se le liquide el dinero ganado cuando lo solicite.
– Hablando de las experiencias de otros Estados señalabas que hay algunas formas de reglamentación de la prostitución que no tienen en cuenta los intereses de las prostitutas y que implican una mayor discriminación de éstas.
– Así es, y podemos verlo con algunas de las medidas establecidas en esas reglamentaciones. No es justo, pensamos, que se creen impuestos especiales tanto para las trabajadoras como para los empresarios que se dedican a esta actividad. Los impuestos deben ser equiparables a los de otros sectores laborales que se desarrollan en condiciones sociales similares teniendo en cuenta las diferencias económicas que se dan dentro de la prostitución según dónde y cómo se ejerza ésta. Gravar más la prostitución que otras actividades similares hace que el Estado se convierta en un nuevo proxeneta de las prostitutas.
Tampoco nos parece adecuado establecer controles sanitarios obligatorios para las prostitutas como forma de prevenir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Primero, porque no sirven para nada. Se ha demostrado ampliamente que esta medida para lo único que sirve es para que los clientes se queden tranquilos y se nieguen rotundamente a utilizar preservativos. Con lo que, si la prostituta es infectada por un cliente (cosa bastante más frecuente de lo que se cree), transmitirá el virus a todos aquellos con los que tenga relaciones hasta el siguiente control, haciendo que la expansión del virus esté garantizada. Hoy está más que demostrado que no existen grupos de riesgo sino prácticas de riesgo, y prevenir esas prácticas es la única forma eficaz de frenar la expansión del virus. Pero además, obligar a las prostitutas a controles sanitarios es considerarlas grupo de riesgo y estigmatizarlas más de lo que ya están. Y eso, además de moralmente cuestionable, es totalmente ineficaz, pues redunda en el mito de que son las prostitutas las que contagian y no los clientes, mito que además de falso, reafirma la actitud de irresponsabilidad ante este tema por parte de muchos hombres que hacen del no ponerse el preservativo una cuestión de masculinidad y de vigor sexual.
Desde otro orden de cosas, también nos parece fundamental que el reconocimiento de la prostitución no implique un recorte a la libertad de movimiento y de opciones que se dan dentro de ésta. Por eso nos oponemos a los registros obligatorios controlados por la policía o el Ministerio del Interior. Y, como he dicho antes, tampoco nos parece una solución que se legalice la prostitución regulando como debe ser ejercida (lugares, zonas, horarios, etc.) y se criminalice a todas aquellas trabajadoras del sexo que no quieran o no puedan ejercer en esas condiciones.
– Sigue siendo muy común la visión de las prostitutas ejerciendo su trabajo como esclavas en manos de proxenetas. Y sobre esta visión y la de que se hallan a merced de las redes de tráfico, se exige un endurecimiento del Código Penal...
– Sobre este asunto antes que nada quiero insistir en que lo que se legisle sobre la prostitución deber hacerse en el marco de las relaciones comerciales y laborales y no en el código penal. Para nosotras el actual Código Penal español es un instrumento más que suficiente para defender a las trabajadoras del sexo de los abusos y las agresiones. En él ya está tipificado como delito el que alguien obligue a otra persona a prostituirse. Ante los abusos o agresiones físicas, psíquicas o sexuales ya existen, también en el Código Penal artículos que permiten su denuncia y castigo. Y para atajar la explotación económica y las malas situaciones de trabajo son necesarias leyes laborales que defiendan los derechos de estas trabajadoras.
Incluso, nos parece cuestionable la reforma que se hizo del Código Penal, a poco de ser aprobado éste, cuando se introdujo en el artículo 180 un supuesto dedicado explícitamente a castigar el proxenetismo, definiendo éste como “quien determine a alguien a ejercer la prostitución abusando de una situación de necesidad”. Desde nuestro punto de vista esta fórmula es excesivamente general e imprecisa, y puede dar pie a todo tipo de interpretaciones.
Por lo que nosotras hemos podido constatar, la mayoría de prostitutas no están de acuerdo con penalizar el proxenetismo. Entre otras razones porque la figura del proxeneta se define legalmente por el aprovechamiento económico de la prostitución de otra persona, sin tener en cuenta la opinión de ésta. Pero, además, porque bajo esta figura se esconden realidades muy diferentes: los compañeros sentimentales que pueden estar en paro, los hijos que estudian gracias al dinero que la madre saca con la prostitución, la otra prostituta vieja que cuida de los hijos pequeños y recibe un dinero por ello, los que venden café o tabaco a las que se mueren de frío ejerciendo en la calle, los empresarios y dueños de bares, saunas o clubs... y, obviamente, las redes clandestinas de prostitución forzada.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando media una relación afectiva en la que las dependencias y el miedo a la soledad lleva a muchas mujeres a transigir o aguantar cosas que visto desde fuera nos parecen excesivas y en ocasiones inaceptables. Si no hay violencia, la solución, desde nuestro punto de vista, no pasa por meter en la cárcel al marido o compañero. Siempre hemos defendido que, en esos casos, es necesaria la autoafirmación de las mujeres para que no aguanten lo que consideran que no deben aguantar. Y creemos que ese baremo es válido para todas las mujeres, las prostitutas y las que no se dedican a la prostitución. Tratar a estos compañeros sentimentales como proxenetas implica ponérselo más difícil y exigirles más a ellas que al resto de las mujeres, cuando precisamente las prostitutas, por el trabajo que realizan y por el estigma social que sufren sienten más la soledad afectiva y tienen más dificultades para establecer relaciones amorosas satisfactorias.
