jueves, 5 de diciembre de 2013

Sobre la Ley de seguridad ciudadana

"Las trabajadoras del sexo en nuestro país lo que necesitan son derechos laborales que las protejan frente a los abusos que ya sufren".
Colectivo Hetaira, frente de masas de CCOO

"Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es en realidad una carta blanca al poder político para restringir a voluntad la libertad de expresión y para eliminar garantías jurídicas de los ciudadanos".
Luis del Pino, periodista de EsRadio

"El nuevo texto reduce el ámbito de discrecionalidad administrativa y será más garantista en la defensa de las libertades individuales"
Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior de España



¿Qué hago yo, en un blog sobre prostitución, hablando sobre una Ley "de seguridad ciudadana"? Pues eso debemos preguntarnos pero al revés, ¿qué hace una ley sobre la seguridad ciudadana tratando el tema de la prostitución? ¿Necesitamos los ciudadanos protección frente a las prostitutas?

Esta nueva Ley desde luego que afectará, y muy negativamente, a las prostitutas y personas de su entorno (se persigue a todo aquel que se relacione con ellas) como denuncia el Colectivo Hetaira en un manifiesto que pueden leer al final de esta entrada. Los medios han comparado esta nueva normativa con la extinta Ley "de vagos y maleantes" (por cierto, vigente más tiempo durante la etapa "democrática" que en la propia dictadura) y es que sanciona a ciertos colectivos que, se supone, debería proteger y ayudar como prostitutas y mendigos. Formalmente es un espanto, pues ha aprovechado para hacer un "tótum revolútum" mezclando materias muy dispares y que hasta ahora atañían principalmente a los Ayuntamientos (término que proviene de hay-untamientos, como bien es sabido) tales como las cundas, el botellón y la misma prostitución en medio abierto. Recuerda a las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, por su ánimo de regular determinadas materias bajo el amparo de normas legales con las que nada tienen que ver.

Pero sus consecuencias son mucho más graves y afectan a la propia libertad de los ciudadanos y a su ya muy debilitada seguridad jurídica. Al respecto he reproducido un artículo del genial periodista Luis del Pino que la denomina "Ley de patada en la boca" (en clara referencia a la "ley de patada en la puerta", la anterior Ley de seguridad ciudadana más conocida como "Ley Corcuera" por el apellido del ministro que la impulsó).

Respecto a la libertad, resulta que otorga un poder hasta ahora inédito a las administraciones públicas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: al parecer son ellos quienes necesitan protección frente al ciudadano, y no el ciudadano ante ellos. Se instaura el delito de opinión en España, la crítica política se castiga durísimamente bajo la excusa de que "ofende a las instituciones". ¿Y qué sucede con la alarma social provocada por las cada vez más comunes imágenes de agentes de la autoridad "extralimitándose en sus funciones" (arreando unas palizas de padre y muy señor mío, que me duelen sólo de verlas)? Pues el gobierno se ha puesto muy serio ante un problema que tanto intanquiliza a la ciudadanía y ha decidido... prohibir la grabación de los policías. Claro, porque tales grabaciones "atentan contra su honor e imagen y ponen en peligro su seguridad". Yo pensaba que lo que atentaba contra su imagen era que se produjesen estas irregularidades, no el que se hiciesen públicas, aunque por lo visto "ojos que no ven, corazón que no siente". Puta madre, cada vez vamos pareciéndonos más a ese paraíso robo-lucionario que es Venezuela. ¿Qué hay desabaestecimiento? No pasa nada, camarada, se prohíbe hablar del tema y asunto zanjado. ¡SOCIALISMO O MUERTE! (Valga la redundancia).

En lo que atañe a la seguridad jurídica, el ministro del interior ha afirmado que es una ley "proporcional y garantista de los derechos ciudadanos" (tienen el vídeo a continuación). En cuanto a la proporcionalidad yo no digo nada, miren ustedes mismos las conductas que sanciona y con qué cuantía. Treinta mil pavos por criticar al gobierno. Vamos, hay días que no los gano. Aduce que es un beneficio para el ciudadano que estas conductas no se hallen tipificadas como delitos en el código penal sino sean meramente infracciones administrativas, por lo cual no puedes acabar en la cárcel (a no ser que no las pagues, claro). Bueno, ya no es que me sepa mal la Ley en sí. Lo que realmente me toca las pelotas es que se ría de nosotros y se crea que somos imbéciles. El derecho penal es garantista, y resultaría mucho más difícil empurarnos si fuesen delitos, el problema es que aquí con la denuncia de un funcionario policial ya vas servido. Y como la única forma de demostrar tu inocencia es probar que el agente ha mentido (pues se presupone su veracidad, faltaría más) y ya no es posible hacerlo porque está prohibido grabarles... tachán, estamos jodidos.




Lo más alucinante es eso, que nos tomen el pelo afirmando que es más garantista y reduce la discrecionalidad administrativa cuando hace precisamente lo contrario, cada vez es mayor su poder sobre los ciudadanos y sus decisiones resultan ser absolutamente arbitrarias. De hecho podemos decir que esta Ley es la sentencia de muerte de la democracia en España (aunque esto era algo ya evidente, donde no hay separación de poderes no hay democracia y ahí les tienes repartiéndose los cargos del CGPJ... parecen unos piratas dividiendo el botín).

Resulta más que evidente que esta nueva norma se ha elaborado no en interés de los ciudadanos sino de la propia administración, la cual ve al ciudadano no como aquel sujeto de derecho a quien se debe sino como un enemigo (como confesó hace unos años el famoso jefe de policía de Valencia). Se pretende "atarnos corto" para acabar con la oposición a su cada vez más descarada neo-dictadura. Y ya, de paso, se arremete contra colectivos indeseables y se protegen las ilegalidades cometidas por las autoridades.

Así pues... YO APLAUDO ESTA LEY. ¿? ¿Después de todo lo que he dicho? Sí, me encanta, la apoyo al 100% y estoy encantado de que la promulguen. Porque no hace sino darme la razón y reafirmar que el propósito del poder público ha sido, es y será (miren, hablo como los políticos, qué dominio de los tiempos verbales...) machacar a la gente y complicarnos la vida. Putearnos a base de bien, dicho mal y pronto. ¿Cómo voy a quejarme de que suban impuestos y creen nuevos tributos desacelerando la economía, generando desempleo y alargando la crisis? ¿Qué tengo que objetar ante la liberación de etarras y delincuentes de la peor calaña mientras persiguen a los jueces y periodistas que investigan los casos de corrupción? ¿De qué les voy a criticar cuando se financian ilegalmente o usan sus contactos para evadir los tribunales? ES LO QUE DEBEN HACER. Si es que tenemos una clase política de primera. ¡Desagradecidos!



Madrid, 19 de noviembre de 2013 - Colectivo Hetaira

El Colectivo Hetaira desea manifestar su rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, entre otras muchas cosas, sancionará a quienes ofrezcan o contraten servicios sexuales cerca de los colegios. 

Un anteproyecto que no ha sido anunciado previamente y que pretende ser llevado próximamente al Consejo de Ministros.

Multar a las prostitutas es la peor iniciativa que podría tomar el Gobierno central en cuestiones de prostitución. Recordamos que en 2007 el Congreso de los Diputados se comprometió a realizar un estudio de situación sobre la prostitución, estudio que jamás se ha llegado a poner en marcha. Es decir, seguimos sin conocer a ciencia cierta qué cantidad de personas ejercen la prostitución ni en qué modalidad (calle, pisos, clubes, hoteles, etc…, quienes trabajan autónomamente, quienes lo hacen en relación a terceros…). 

Sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) solicitaba hace pocas semanas datos al Colectivo Hetaira para poder conocer el PIB de la actividad de la prostitución, según una exigencia europea al Gobierno español.

No sabemos ni aproximadamente cuántas prostitutas ejercen en nuestro país, no sabemos cuántas de estas personas trabajan cerca de colegios, ni jamás se ha presentado esta situación (cercanía a los colegios) como un “grave problema social”, pero es igual, el Gobierno las multará. Y cuando no puedan pagar semejantes cantidades pero sigan trabajando en el mismo lugar probablemente pasará lo que ya está pasando en otras ciudades que la sanción administrativa se convertirá en delito de desobediencia a la autoridad.

Entendemos, por los datos que hoy ofrecen sobre el nuevo proyecto de ley los medios de comunicación, que también serán multadas si se considerase que su presencia ocasiona “algún riesgo para la seguridad vial”, con lo que, soterradamente, estamos asistiendo a la prohibición de negociar un intercambio de servicios sexuales por dinero en la calle en cualquier circunstancia.

Esta señorita es, de acuerdo a la nueva Ley, un grave riesgo para la seguridad vial y por tanto debe ser sancionada. Todavía no he escuchado a la primera asociación de conductores quejarse por el peligro que suponen las putas en las carreteras. Pero papá Estado, que nos cuida y nos vigila, ya se ha dado cuenta de este tremendo problema que nosotros, en nuestra inconsciencia e ignorancia, ni siquiera habíamos detectado.



Ante la difícil situación que atraviesan las prostitutas (a quienes la crisis está afectando al igual que al resto de la población), el Gobierno responde criminalizándolas (a pesar de que, recordémoslo, la prostitución no es un delito) y las situará en una situación de aún mayor vulnerabilidad.

Hetaira denuncia que leyes como ésta castigan a las prostitutas que captan su clientela en la calle (y que suelen ser las más vulnerables pero también las más autónomas) y favorecen los intereses de los empresarios de los grandes clubes ya que las obligan a trabajar en esos lugares donde carecen de cualquier ley que proteja sus derechos, dado que no existe un reconocimiento de que la prostitución sea un trabajo.

Hetaira denuncia que no existen programas sociales ni ofertas de empleo realistas para que quienes deseen abandonar el ejercicio de la prostitución puedan hacerlo con tranquilidad, con cierta cobertura social que no las arrastre sin remedio a una situación de extrema pobreza.

Hetaira entiende que las trabajadoras del sexo en nuestro país lo que necesitan son derechos laborales que las protejan frente a los abusos que ya sufren. Estamos cansadas de oír hablar de “explotación sexual” sin que se sepa bien qué significa este concepto ni se ponga remedio a los abusos laborales que sufren las que trabajan en grandes clubes, dependiendo de terceros.

En cuanto a las personas que sean víctimas de trata, si este proyecto de ley llega a entrar en vigor, difícilmente considerarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como “aliados” para denunciar su situación; sino todo lo contrario, para ellas serán solo aquellos que las multan por ejercer. 

Por todas estas razones en materia de prostitución (a las que sumamos nuestro rechazo a la prohibición de concentraciones y manifestación no autorizadas, así como las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, la participación en los escraches, etc), nos oponemos a la aprobación del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
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Madrid, 30 de Noviembre de 2013 - Luis del Pino

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que constituye un ataque en toda regla a las libertades democráticas. Esa Ley, que algunos ingenuos votantes del PP aplaudieron cuando fue anunciada por primera vez, debido a las medidas restrictivas del derecho de manifestación, es en realidad una carta blanca al poder político para restringir a voluntad la libertad de expresión y para eliminar garantías jurídicas de los ciudadanos.

El gobierno de Rajoy vuelve a recurrir a las trampas más burdas para conseguir que su base social apoye una Ley que persigue justo lo contrario de lo que se dice. Porque lo cierto es que las restricciones al derecho de manifestación ya estaban contempladas en la Ley anterior. Con la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, vigente hoy en día, ya se podía multar la convocatoria de manifestaciones ilegales, por ejemplo ante las puertas del Congreso. Y, de hecho, la nueva Ley aprobada ayer por el consejo de ministros mantiene las multas ya existentes por manifestación ilegal o, en algunos casos, las reduce.

El verdadero objetivo de la Ley aprobada ayer por el gobierno de Rajoy es dar capacidad a la autoridad gubernativa para sancionar la expresión de opiniones, aunque esas opiniones no sean delito. Es una ley, por tanto, de censura política.

Así, por ejemplo, con la nueva Ley de Seguridad, si yo digo "El gobierno catalán expolia a los españoles" me pueden imponer una multa de 30.000 €, porque mi frase podría ser considerada como una ofensa al gobierno catalán y las ofensas a instituciones de las comunidades autónomas tienen la consideración de falta grave.

O si un compañero mío periodista dice que el pueblo Villaconejos de Salsagorda le parece un pueblo cochambroso y desagradable, le pueden imponer otra multa de 30.000 €, porque su frase podría ser considerada como una ofensa a una Entidad Local y las ofensas a Entidades Locales tiene también la consideración de falta grave.

O si una víctima del terrorismo dice que en el Congreso se sientan amigos de los asesinos, se le podría imponer otra multa de 30.000 €, porque su frase podría ser considerada como una ofensa a una institución del estado y las ofensas a instituciones del estado tienen también la consideración de falta grave.

O si un obispo dice que el matrimonio homosexual le parece inaceptable, le pueden imponer otra multa de 30.000 €, porque su frase podría ser considerada como un ensalzamiento de la discriminación y el ensalzar la discriminación tiene también la consideración de falta grave.

O, por poner un ejemplo real reciente, si alguien publica un libro denominado "Cásate y se sumisa", le pueden imponer otra multa 30.000 €, porque podría considerarse también un ensalzamiento de la discriminación.

O si alguien que investiga el atentado del 11-M afirma que tal o cual policía mintió, o que en el 11-M se destruyeron pruebas, le pueden imponer otra multa de 30.000 €, porque su frase podría ser considerada como una injuria a los agentes de la autoridad, y la injuria a los agentes de la autoridad tiene también la consideración de falta grave, aunque no sea constitutiva de delito de injurias.

A pesar del nombre de "seguridad ciudadana", Luis del Pino opina que le Ley de Fernández Díaz va más bien orientada a reafirmar y asegurar las potestades públicas en detrimento de las libertades ciudadanas. Para ser gráficos, yo creo que esta Ley tiene más peligro que Cartman con una porra.



O si alguien escribe en una red social que "habría que salir a la calle a protestar contra este régimen de políticos ladrones", le pueden imponer otra multa de 30.000 €, porque su frase podría ser considerada como una incitación a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, y la incitación a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana tiene también la consideración de falta grave.

O si alguien usa una bandera con el águila de San Juan, le pueden imponer otra multa 30.000 €, porque la autoridad gubernativa puede considerar que el uso de esa bandera incita al odio y la utilización de símbolos que inciten al odio tiene también la consideración de falta grave.

Y todo eso, sin intervención judicial alguna, porque son infracciones administrativas, castigadas directamente por la autoridad gubernativa. 

En resumen: que con esta Ley lo que se hace es introducir, con la excusa de proteger la seguridad ciudadana, un mecanismo para que el Gobierno utilice como le dé la gana el mecanismo de las multas administrativas, con el fin de castigar aquellas opiniones que al poder político le parezcan inadecuadas, incorrectas, inaceptables o peligrosas, aunque esas opiniones no sean constitutivas de delito.

Se trata, por tanto, de una autentica Ley Mordaza que vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión y legitima aberraciones como la que acaba de cometer el Consejo Audiovisual de Cataluña, con sus amenazas de multas a periodistas.

Otra patada más del gobierno de Rajoy al estado de derecho. En este caso, en la boca de todos los ciudadanos que quieren tener derecho a opinar libremente.

Por cierto, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda sobre cuáles opiniones serán multadas por la autoridad gubernativa y cuáles no lo serán?