Rubalcaba nos la clava: la estafa de la operación Afrodita

"No parece compatible con los principios democráticos determinar iuris et de iure que todas las personas que se dedican a la prostitución lo hacen sin libertad o al menos sin tanta libertad como le reconocemos a cualquiera que trabaje por cuenta ajena, también bajo importantes condicionamientos sociales"

Doña Celia Suay Hernández, profesora titular de derecho penal de la UAB

Hace casi un año, durante el pasado mes de Julio, los principales periódicos españoles se llenaron con titulares sobre la Operación Afrodita. Ésta se presentaba como el mayor golpe contra las mafias de la prostitución hasta la fecha, ya que nos decían que la red desarticulada era responsable de la mitad de anuncios en la prensa. Sin detenerme en pormenores (al final de la entrada dejo enlazado lo que escribí sobre este operativo el año pasado, por si desean profundizar en el tema), lo que se venía a "demostrar" es que -tal y como habían señalado primero los grupos feministas y después el gobierno socialista- tras los anuncios de "relax" se hallaban poderosas y criminales mafias de explotación de mujeres.

El eco mediático fue atronador, los abolicionistas aprovecharon para hacerse fuertes mostrando esta noticia como la prueba lapidaria de sus tesis y durante los siguientes días fueron dando a conocer impactantes relatos de mujeres prostituidas que vivían situaciones escalofriantes. Por otra parte las asociaciones partidarias de una regulación de la prostitución se mostraron muy cautas, tratando de diferenciar el ejercicio forzado de esta actividad del voluntario... pero no discutieron en sí la noticia. A mí ya me olía rara desde el principio, "aquí hay gato encerrado" me dije yo. Sencillamente no me cuadraba todo lo que se decía por las zonas mencionadas, la cantidad de personas implicadas y, sobre todo, por el momento en que tuvo lugar la redada. Es como el movimiento 15 M, a poco "bregao" que esté uno ya tiene que andar con la mosca tras la oreja. Y luego, como siempre, el tiempo acaba poniendo a todos en su sitio.

En su día se denunció que esta "red criminal" era responsable de gran parte de los anuncios en los principales rotativos. Si detrás de ellos hubiese mafias que traficaban con mujeres y las obligasen a prostituirse, estaría justificada su retirada para así no facilitar la comisión de delitos como nos dice toda la patulea progre. Sin embargo, como podemos comprobar nuevamente, todo este argumento no es más otra PATRAÑA DE LA IZMIERDA para respaldar sus proyectos liberticidas de ingeniería social.



El Colectivo Hetaira se puso en contacto con varias de las personas afectadas y... ¡oh, sorpresa! contó una versión totalmente diferente de los hechos. Incluso llegó a plantear la inquietante hipótesis de que esto fuese una maniobra política. ¡No me digan! ¿La policía cometiendo ILEGALIDADES al servicio del poder político? ¿En España? ¡¡¡NO ME LO PUEDO DE CREER!!! Esto significaría que detrás de todo estaría el señor Faisán, digo Rubalcaba. Que ante la falta de evidencias, SE LAS INVENTAN. Que ocultan pruebas y ponen las que les convienen (11 M, ¡queremos saber!). Ya no estamos hablando de prostitución, sino de Estado de Derecho: de transparencia del poder público y de sujección de las autoridades a la legalidad. Que para mí es el problema auténticamente de fondo y el motivo de que cada vez me haya ido interesando más en este tema. Señoras y señores, que nos están engañando, que nos quieren vender la mula ciega. Que da igual que hablemos del número de parados, del déficit público, de la negociación con la ETA o de la prostitución, que en tanto gobierne la izquierda van a seguir llenándose los bolsillos a nuestra costa mientras se nos ríen a la cara. Que para ellos mentir es tan natural como respirar. Y no digo que los de la derecha sean precisamente unas joyas, pero es que no hace falta esforzarse mucho para mejorar lo presente (eso lo ha entendido muy bien Mariano, firme partidario de la estrategia del sesteo).

Por mi parte escribí varias entradas denunciando la manipulación que estaban haciendo tanto los poderes públicos como los medios de comunicación. Si me parece legítimo que haya quienes mantengan posiciones abolicionistas, contrarias a la prostitución... lo que me molesta (por decirlo suavemente) es que necesiten ENGAÑAR para respaldar sus afirmaciones. Cuando resulta que se han quedado con el culo al aire, como señala El Mundo (que como sabéis es mi periódico de referencia), no rectifican. Es una auténtica vergüenza, y refleja cómo está la prensa en este país, que sólo este diario (y el económico Expansión) haya dado la noticia mientras que los que más se ensañaron con la prostitución como Público o la Razón estén CALLANDO COMO PUTAS, como se dice vulgarmente. Su gran "prueba" se les ha venido abajo y a quienes les está dando la razón es a nosotros. Señores, esto no es una charla de taberna, no es una cuestión de quedar por encima de nadie sino de informar con rigor y objetividad. Ustedes, por los motivos que sea, son incapaces de aceptar que la mayoría de la prostitución en España en voluntaria (yo al menos no he hallado otra). Así lo cuenta El Mundo:

Después de todo resulta que ni las chicas estaban forzadas, ni había "mafias internacionales", ni tratos vejatorios, ni delito alguno. Bueno, sí, el perpetrado por la policía política de Rubalcabra que ha tenido encerrado mes y medio a varios inocentes. Espero que los culpables respondan por ello.

La redada de Rubalcaba contra
los burdeles no tenía base penal

EDUARDO INDA & ESTEBAN URREIZTIETA - El Mundo, Madrid - 19/06/2011

· Tras la detención (detenciones ilegales) de 105 personas en la 'operación Afrodita', la Justicia no ve indicios de delito en ninguna de ellas y la Fiscalía se inclina por pedir el archivo
· Las prostitutas han declarado que ejercían su trabajo voluntariamente

La operación Afrodita contra la prostitución, ejecutada por el Ministerio del Interior cuatro días después de que Zapatero declarase la guerra a los anuncios de contactos, está al borde del archivo después de que ni el juez ni el Ministerio Fiscal hayan encontrado indicios de delito en la actuación de ninguna de las 105 personas detenidas.

El jueves 15 de julio de 2010, el presidente del Gobierno anunció en el Congreso que iba a prohibir toda la publicidad de prostitución en los medios de comunicación. Dicho y hecho. El lunes siguiente, tan sólo cuatro días después, la Policía detuvo al mayor anunciante de la Comunidad de Madrid, el saudí Kasim S. A., y a otras 104 personas, entre ellas 90 mujeres que ejercen la prostitución en 13 pisos y locales de su propiedad.

Siete de las 105 personas arrestadas, empezando por el propio Kasim, ingresaron en prisión. Tan sólo mes y medio después, la Audiencia Provincial de Madrid decretó la inmediata excarcelación sin fianza de todas ellas, basándose en el «vacío indiciario» que observa en la operación Afrodita.

La Audiencia estimaba así los recursos de la defensa del magnate saudí, que ejerce el letrado Lorenzo Garrido, y de Manuel Valero, abogado de la número dos de la organización, que sostuvieron que «el devenir procesal pone de manifiesto la inexistencia de los delitos nucleares que dieron origen al proceso». El tribunal fue más allá en su reprobación de la actuación policial: «Su función es facilitar indicios, lo que va mucho más allá de meras sospechas, inferencias y buenas intenciones». Fue el primer varapalo a la operación.

Entre medias, la Policía tomó declaración a las 90 meretrices detenidas. Todas ellas declararon no haber sido forzadas jamás a ejercer la prostitución ni haber padecido explotación. Unas aseguraron que vendían su cuerpo «para aumentar su nivel de vida» y otras porque «se quedaron en paro». Puntualizaron que ejercían la prostitución de manera «libre y voluntaria» y precisaron que «no han visto ningún trato vejatorio» durante sus jornadas laborales. Todas ellas se expresaron en parecidos términos en sede judicial.

No quedó ahí la información aportada. Las detenidas admitieron que sus ingresos superaban «los 1.000 euros semanales», que la empresa se hacía cargo de sus revisiones médicas y que en los inmuebles donde trabajaban «se encontraba una persona de la limpieza las 24 horas del día». A la vista de estos testimonios, el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha conminado a la Fiscalía a que informe acerca de «si procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de los delitos relativos a la prostitución y asociación ilícita investigados», los principales cargos contra los imputados, a los que también se atribuye la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales. En este sentido, el juez recuerda al Ministerio Público que analice las declaraciones practicadas así como el contenido de los autos dictados por la Audiencia, «en los que se exige que, por parte de las trabajadoras de los locales, se hubieran prestado servicios contra su voluntad o la realización de actos atentativos contra su dignidad».

Y es que, al ordenar la puesta en libertad sin fianza de los principales dirigentes de la red, la Sección 30 dictaminó que «para que una actividad relacionada con la prostitución de persona mayor de edad sea punible, es preciso que el sujeto activo haya empleado violencia, intimidación o engaño».

En el momento en el que se puso en marcha el espectacular operativo policial, añade la Audiencia de Madrid, «no se contaba con indicios suficientemente sólidos». «Y lo cierto», agrega, «es que era función de los operativos policiales facilitar indicios de esos elementos». Por ello, estima que existe «un vacío indiciario muy relevante porque no se cuenta con ninguna declaración de las supuestas víctimas». «Tal omisión», señala, «significa que no hay posibilidad de deducir si se les explotaba, se atentaba contra su libertad, integridad física o había mediado engaño, abuso de una situación de superioridad, de necesidad o vulnerabilidad». Tras examinar las testificales de las prostitutas, que han prestado declaración durante los últimos meses ante el juez, la Fiscalía, que se opuso a la excarcelación de los principales responsables de la red, se inclina en estos momentos por dar carpetazo a la causa.

Ésta se inició tras denunciar la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional «la existencia de una organización delictiva perfectamente jerarquizada dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante el aprovechamiento económico de la prostitución». Los investigadores consideran que «ha podido determinarse» que la actividad se ofertaba «a través de varios anuncios en prensa que, aunque en principio parecen independientes entre sí, todos ellos se encuentran convenientemente relacionados». «A pesar de que, en ocasiones, se utiliza el reclamo de mujeres de origen oriental, los servicios sexuales son prestados en realidad por mujeres de distintas nacionalidades, mayoritariamente de Europa del Este y Sudamérica», continúa.

«Para el ejercicio de tal actividad ilícita», abunda la Policía en su atestado inicial, «Kasim y sus principales colaboradores han constituido al menos 15 sociedades mercantiles, comprobándose que muchas de tales sociedades son liquidadas y sustituidas inmediatamente por otras para dificultar el seguimiento de las mismas, con continuo cambio de empleados, cierre y apertura de cuentas bancarias, a fin de simular una actividad aparentemente legal ante la Hacienda pública y una facturación mensual de unos 700.000 euros». Los agentes resaltan que esta red copaba el 40% de los anuncios de contactos publicados en diversos medios de comunicación y se recrean en sus informes en el alto tren de vida del máximo responsable del negocio: Kasim posee un chalé en Puerta de Hierro (Madrid) amén de un parque móvil compuesto por numerosos vehículos de alta gama.

Durante los últimos meses, la Policía ha concluido la investigación patrimonial de los imputados, apuntando que han destinado 27 millones de euros a la compra de inmuebles durante los últimos años. Reitera que la actividad desarrollada es «ilícita» y que «han venido cometiendo de forma continuada actividades para el blanqueo de capitales». A su vez, advierte de la comisión de un posible fraude fiscal. El empresario tiene en estos momentos clausurados sus establecimientos a la espera de que se resuelva el procedimiento, pese a que semanas después de su excarcelación se ordenó el desprecinto de sus pisos y locales y se acordó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias intervenidas por el Juzgado de Instrucción número 30.



Cuarenta teléfonos pinchados

La 'operación Afrodita', ordenada por Rubalcaba tan sólo cuatro días después de la declaración de Zapatero en el Congreso, conllevó la intervención de los teléfonos de los principales acusados. La Policía ha pinchado en estos meses casi 40 números, empezando por los del jefe de la red, el saudí nacionalizado español Kasim S. A., y los de su «directora general», la española Sara V. Los investigadores tampoco han conseguido material relevante por esta vía. Los funcionarios llegaron incluso a hacer pasar por prostituta a una agente, pero fue 'cazada' por los responsables de los burdeles el primer día de 'trabajo'. Varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía jugaron el rol inverso: se presentaban en los lupanares como clientes aunque con escasos resultados. Los miembros de la Brigada Provincial de Extranjería registraron 13 pisos o chalés de la red, todos ellos situados en barrios de lujo de la capital de España. Los locales tenían un ritmo de trabajo frenético las 24 horas a pesar de las tarifas: a partir de 150 euros el servicio. Su clientela está formada básicamente por profesionales liberales, políticos, conocidos empresarios y personajes de la alta sociedad madrileña. Varios de ellos han sido interrogados. Su testimonio coincide: «Allí no había explotación sexual ni nada raro».



Cronología de la operación

>Zapatero advierte el 15-J...

El presidente del Gobierno anunció el 15 de julio de 2010 durante el Debate del estado de la Nación en el Congreso de los Diputados que «los anuncios de prostitución en los periódicos deben eliminarse». Anunció que su Gabinete estudiaba ya diversas fórmulas legales para prohibir que esta publicidad siga apareciendo en los medios de comunicación, ya que «contribuye a la normalización de esta actividad».

>...Rubalcaba actúa el 19-J...

Tan sólo cuatro días después del anuncio presidencial, la Policía puso en marcha la que presentó como la gran operación contra la prostitución en España. Detuvo a 105 personas, identificó a más de 300 meretrices y precintó 13 establecimientos. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Amparo Valcarce, presentó al propietario de los locales, Kasim S. A., como «el padrino del sexo de pago» en nuestro país.

>...y la Audiencia habla el 13-S.

La Audiencia decretó el 13 de septiembre de 2010 la puesta en libertad de Kasim y sus 'lugartenientes' al existir un «vacío indiciario muy relevante». «Era función de los operativos policiales facilitar indicios, lo que va mucho más allá de meras sospechas, inferencias y buenas intenciones», dice. Tras interrogar a las prostitutas el juez destaca que han negado estar explotadas e invita al fiscal a pedir el sobreseimiento del delito de prostitución.

'Estamos deseando volver a trabajar'

EDUARDO INDA & ESTEBAN URREIZTIETA - El Mundo, Madrid - 19/06/2011

· Las mujeres declaran al juez que se prostituyen de forma «voluntaria» y que «no han presenciado tratos vejatorios»
· Precisan que llegan a ganar 6.000 euros a la semana

Las prostitutas detenidas en el marco de la denominada operación Afrodita han declarado durante los últimos meses ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid que optaron de forma «libre y voluntaria» por ejercer en los establecimientos del magnate de origen saudí Kasim S. A. al considerar que reúnen mejores condiciones que los de su competencia en la capital. Recalcan que los ingresos que percibían eran «los que habían pactado previamente», que se reservaban «un 50%» de lo abonado por los clientes y que siempre percibían sus emolumentos al final de la jornada.

Asimismo, añaden que en ningún caso han presenciado tratos vejatorios y que disponían de un «horario flexible». Disfrutaban incluso de la posibilidad de vivir en los inmuebles «para ahorrarse el alquiler». A su vez, destacan que, por una semana de trabajo con un horario de ocho horas, podían llegar a obtener «más de 1.000 euros semanales [hay casos en los que los ingresos rozaban los 6.000]».

Éste ha sido el común denominador de las comparecencias prestadas por más de medio centenar de meretrices escogido por el juez y que procede en su mayoría de Sudamérica, Marruecos y Europa del Este. Es más, buena parte de ellas ha trasladado al instructor su pesar porque los inmuebles donde trabajaban se encuentren clausurados un año después de la operación judicial y aseguran que están dispuestas a reincorporarse ya.

Las empleadas han desgranado cuáles eran las «únicas» limitaciones que les impusieron: un horario «de ocho horas», «de nueve de la mañana a cinco de la tarde», y la obligación de presentar «un justificante médico» en caso de baja laboral. Así lo ha atestiguado, por citar un ejemplo, A.C., de nacionalidad rumana, que relata que «las casas funcionaban bien y no había nadie de forma coaccionada».

«Los pisos estaban limpios, se nos exigía una analítica médica para poder trabajar y los preservativos los comprábamos a los distribuidores que pasaban por las casas». Los inmuebles a los que se refiere son viviendas y chalés distribuidos por el centro de Madrid, encontrándose algunos de ellos en las calles de Atocha, Ramón y Cajal, Hermosilla, Fuencarral y Alfonso XIII. Las casas de citas se daban a conocer a través de anuncios en prensa.

El negocio llegó a disponer de hasta 75 telefonistas y decenas de empleados dedicados a tareas administrativas, entre los que se encontraba el grupo que la Policía bautiza como los controller. Su misión era «visitar los distintos centros y controlar su funcionamiento» y supervisar a las «encargadas de cada uno de los locales, máximas responsables de los mismos, a las limpiadoras y a los vigilantes de seguridad».

Si bien se ha detectado que alguno de estos trabajadores desempeñaba su labor sin contrato, como es el caso de algunas limpiadoras, el resto se encontraba al día en la Seguridad Social y cobraba su salario por transferencia bancaria. Las prostitutas han detallado que compaginaban este empleo con otros en los que, tal y como ha constatado la Policía en sus pesquisas, se encontraban dadas de alta.



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