AIPPEL condena los abusos policiales contra los trabajadores sexuales

"Ningún sector es marcado tan claramente como las prostitutas por leyes que castigan, restringen, estigmatizan, controlan y violan a las mujeres. Esas leyes dictan expresamente el control social de las mujeres en todo el mundo, y legitiman las legislaciones oficiales y las prácticas estatales. Las mujeres que trabajan como prostitutas son señaladas como presas fáciles sujetas a una amplia gama de controles y castigos."

Gail Pheterson, psicóloga y activista a favor de los derechos de las prostitutas

La reciente desarticulación de una red de tráfico y explotación sexual de hombres ha vuelto a dar pie al gobierno de Zapatero para, a través de la secretaria general de Políticas de Igualdad, insistir en la "necesidad" de que los medios de comunicación dejen de publicitar estos servicios.

No sólo se está tomando una parte por el todo, ya que lo lógico sería perseguir el delito y no a la prostitución en su totalidad, sino que además las organizaciones que están en contacto con las prostitutas están evidenciando que bajo estas actuaciones policiales existe una "caza de brujas" moderna contra los trabajadores sexuales. Aippel denuncia, tal y como he manifestado reiteradamente en este blog, que las fuerzas de seguridad están realizando auténticas razzias contra los centros de trabajo de los profesionales del sexo. Se están produciendo allanamientos de sus moradas, registros ilegales, secuestros, robos, amenazas y coacciones.

Varios activistas protestando contra la legislación estadounidense que criminaliza el sexo de pago. Las prostitutas y las personas que pertenecemos a su entorno normalmente encontramos en el poder público más a un enemigo que a un aliado, que además dice actuar "en nuestro beneficio". Obsérvese el cartel del fondo en el que se denuncia la práctica de detenciones ilegales (false arrests).



¿A qué responde esto, a incompetencia o a perversidad? Mis lectores habituales ya conocen mi opinión. Esto no son intervenciones policiales, sino montajes mediáticos tan del gusto de la progresía acostumbrada a aplicar las "penas de telediario" escritas, producidas y dirgidas por SUPERPRODUCCIONES RUBALCABA S.A. Esto es como el famoso e infame "Caso Ripoll", donde la legalidad es lo que menos importaba, la actuación policial a lo que realmente se subordinaba era al titular de prensa.

Los atropellos que están sufriendo los trabajadores del sexo siguen este mismo patrón como he venido mostrando en recientes entradas (ver enlaces al final del presente texto). La policía, que actúa bajo órdenes (pero políticas, no judiciales), sabe que puede cometer estas fechorías ante unas víctimas que se hallan indefensas, desorganizadas y absolutamente aterrorizadas. En su comunicado de prensa, esta asociación señala la manera completamente ilegal que están empleando los "agentes de la ley y el orden" para acceder a los domicilios de las personas que se prostituyen. Ya saben, cuando abran la puerta puede no ser un cliente, ni el cartero, ni siquiera los testigos de Jehová. Puede ser la policía de Rubalcaba que irrumpe en su casa en plan chequista. Resulta absolutamente GROTESCO y recuerda tiempos que creíamos ya pasados.

Trabajador sexual masculino siendo "liberado" por un agente de la Policía Nacional. Con estos "amigos", ¿quién necesita enemigos?



Si lo que realmente se pretende es ayudar a estas personas lo que ha de hacerse desde el poder político es respetarlas, reconocer de una vez sus derechos y proporcionalas apoyo real y una defensa legal efectiva. Y controlar muchísimo más a la policía, que suele aprovecharse de su indefensión para perpetrar abusos totalmente inadmisibles. En cuanto a las asociaciones y personas que las apoyamos tenemos que tratar de concienciar a la sociedad de su situación, de sus verdaderos problemas y de la realidad de la prostitución. La mejor ayuda que se las puede prestar actualmente consiste en asistencia legal, es la principal necesidad que tienen en estos momentos dado que su mayor enemigo son las instituciones públicas que dicen "defenderlas". Muchas cuentan con abogados entre sus clientes, que inudablemente sabrán asesorarlas más acertadamente que yo. Desde mi experiencia lo que puedo recomendarlas es que si la policía se presenta sorpresivamente les digan que vuelvan con una orden de registro, que aprovechen para sacar todo el dinero y objetos de valor de su casa para no perderlos (ver video de las paraguayas en la última entrada de Agosto) y que estén presentes en la inspección, a ser posible llamando a algún vecino para que actúe de testigo. En el caso de las chicas de la calle la situación es más complicada, ya que la que se muestra rebelde llega a ser arrestada bajo cualquier excusa. Si tienen problemas con la policía es mejor que dejen la calle por un tiempo y contacten via móvil con sus clientes, algo que ayuda mucho es tener un abogado propio al que hacer venir inmediatamente tras cualquier detención, y en todo caso en los interrogatorios seguir el ejemplo de García Hidalgo: no sabéis nada, no recordáis nada, no tenéis idea de nada.

Quiero agradecer a AIPPEL el valor que ha mostrado diciendo lo que todo el mundo calla, jugándose el tipo por proteger no sólo a las prostitutas sino por estar defendiendo la verdad, los derechos fundamentales de los que goza cualquier persona y el respeto a la legalidad que debería regir en un Estado de Derecho. Enhorabuena chicos, mi más sentidas felicitaciones.

COMUNICADO PRENSA

Martes, 24 de Agosto de 2010

La Asociación Internacional Prostitución Profesional en Libertad (AIPPEL), es una organización sin ánimo de lucro que viene trabajando desde hace más de un año, en la defensa de los derechos de las personas (mujeres y hombres) que se dedican al Trabajo Sexual Comercial.

Luchamos por la consideración del Trabajo Sexual como una profesión digna, que debe ser contemplada como tal profesión o trabajo por las leyes laborales de tal modo que las trabajadoras y trabajadores sexuales tengan reconocidos sus derechos civiles y laborales incluida su afiliación a la Seguridad Social.

Aippel pretende, como estas activistas italianas, que tanto la sociedad como las instituciones públicas reconozcan el merecido respeto y los necesarios derechos a las prostitutas. La chica que porta el primer cartel va más allá, exigiendo que se legalice la prostitución y que los chulos ("papponi" en italiano) sean enviados a la cárcel. Yo no soy partidario de tal medida, básicamente porque la mayoría (si no todos) trabajan para la administración pública y por tanto son intocables. Desde la política pragmatista y reformista que defiendo creo que hay que negociar y conciliarse con ellos, ya que es impensable hacerles pagar por sus crímenes pasados al menos tratemos de prevenir los futuros.



Para ello efectuamos constantes campañas de concienciación para la defensa del colectivo. También contamos con una asesoría jurídica y una página web donde recibir las denuncias y solicitudes de ayuda de nuestras y nuestros afiliados y de los miembros del colectivo en general. Desde nuestro inicio venimos detectando que, en paralelo con las nuevas políticas gubernamentales de lucha contra la prostitución coactiva o trata, se está produciendo un acoso extraordinario a las trabajadoras sexuales por parte de las Instituciones y Policías y en especial de la Policía Nacional.

Los casos más sangrantes que denuncian las trabajadoras del sexo ante nuestra organización son los siguientes:


1. IMPUNIDAD DE LOS DELITOS QUE SUFREN LAS TRABAJADORAS SEXUALES. Muchas compañeras y algunos compañeros nos han manifestado que al ir a denunciar ante la Policía un delito del que han sido víctimas, en algunos casos delitos muy graves como violación, agresiones físicas y lesiones, robos y otros, la Policía solo se ha preocupado de si estaban en situación legal o ilegal en España y les ha abierto un expediente de expulsión, no interesándose en absoluto del delito sufrido, al que han dado carpetazo, hasta el punto de que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores sexuales ya no denuncian los delitos de que son víctimas, por tener más temor a la Policía que a los delincuentes.

¿Por qué las meretrices tienen tanto miedo a la policía? Por simple experiencia, aunque no sean víctimas los agentes se encargan de que lo acaben siendo. Esta otra prostituta es "ayudada" por la policía de Dallas, en el 2009.



2. INCITACIÓN A REALIZAR FALSAS DENUNCIAS Y PROVOCACIÓN DEL DELITO. Muchas de nuestras compañeras se acercan a la asociación para informarnos de la presión que reciben de miembros policiales para que denuncien supuestas tramas de trata de blancas y a supuestos proxenetas que las mantendrían obligadas. El modus operandi es el siguiente. Tras una intervención policial en la mayoría de los casos aleatoria (sin obrar denuncia previa ni otra causa que motive la intervención policial), son llevadas a comisaría donde la policía les ingresa en calabozos y las va subiendo una a una para que firmen una supuesta declaración imputando a alguna persona (propietario del local donde ejercen, gerentes, camareros, porteros y otros empleados del local, en los casos de ejercer en pisos, la persona que les ha alquilado la vivienda e incluso el taxista que usan habitualmente o amigos personales de la Trabajadora Sexual). Si se avienen a denunciar a estas personas se les manifiesta que serán consideradas víctimas y se les proporcionará documentación en España y que en otro caso serán expulsadas. Recientemente unas compañeras de Santander en cuya vivienda un cliente utilizó para el pago de sus servicios una tarjeta de crédito (según la policía robada), nos han hecho llegar que se les ha abierto un expediente de expulsión porque no han denunciado como usuario de la tarjeta a la persona que la Policía les señalaba en una identificación fotográfica (no era el titular de la tarjeta), negándose la policía a presentar la foto del titular de la tarjeta como le pedía la muchacha que la paso (creemos que lo lógico sería comprobar que la persona que utilizo la tarjeta era o no propietario)

3. ALLANAMIENTO DE MORADA POR PARTE DE LAS FUERZAS POLICIALES. Muchas de nuestras compañeras que ejercen en sus propios domicilios, solas o en compañía de otras trabajadoras, informan de las frecuentes visitas policiales a sus domicilios y de la entrada en los mismos sin orden judicial ninguna. En numerosas ocasiones, los policías, que localizan el domicilio a través de los anuncios de relax en prensa, se hacen pasar por clientes y una vez se les ha franqueado la entrada, se identifican como policías (diciéndoles que de no acceder a sus pretensiones al día siguiente vendrán con orden de registro y será peor) y inspeccionan las habitaciones y dependencias de la vivienda pidiéndoles los pasaportes y llevándose retenidas a las chicas que encuentran (última denuncia de estos hechos muy frecuentes ha sido en San Sebastián), para efectuar su expulsión del país. Desde AIPPEL entendemos que esta forma de actuar pudiera suponer un delito de allanamiento de morada, puesto que si bien es verdad que se franquea voluntariamente la entrada, se hace a unos clientes y no a unos policías y que en ningún caso, ni policías ni clientes están autorizados a registrar la vivienda. Cabe decir que algunas compañeras nos informan que han denunciado estas entradas ilegales ante el Juzgado de Instrucción de Guardia sin que les hayan hecho caso alguno.

4. TRATO DESCONSIDERADO Y EN OCASIONES VEJATORIO POR EL MERO HECHO DE SER TRABAJADORAS DEL SEXO. Son considerables las quejas relativas al trato desconsiderado por parte de policías y otros funcionarios, por el mero hecho de dedicarse al trabajo sexual comercial. Nos informan que son tratadas en muchos casos como delincuentes, siendo detenidas y encerradas en los calabozos de comisaría (que en la mayoría de los casos no reúnen condiciones higiénicas), fichadas y en muchos casos se les abre un expediente de expulsión, todo ello por el mero hecho de ejercer su profesión.

Las trabajadoras sexuales reclaman insistentemente que no son delincuentes, no hacen mal a nadie (al contrario, son unas personas fantásticas que nos proporcionan momentos muy agradables), sin embargo el trato que reciben por la fuerza pública es el de auténticas criminales. Estas chicas de la India manifiestan no querer más que las dejen vivir en paz. ¿Es tanto pedir que las traten como A CUALQUIER otro ciudadano?



Desde AIPPEL queremos poner en conocimiento de la opinión pública estas situaciones, así como denunciar que el Gobierno, en su afán de considerar que las Trabajadoras Sexuales son todas víctimas de trata y prostitución coactiva, niega la realidad de que muchas personas realizan el Trabajo Sexual de modo totalmente voluntario y sin ser explotadas por mafia ninguna. Esta actitud gubernativa de negar la realidad del Trabajo Sexual Comercial está llevando a que los trabajadores y en especial las trabajadoras sexuales estén recibiendo una terrible presión policial y de otros servicios públicos, que lleva a situaciones como las anteriormente descritas.

La realidad de esta situación es que las muchas personas que voluntariamente ejercen el Trabajo Sexual como medio de vida (a lo que desde AIPPEL defendemos que tienen todo el derecho), están viendo vulnerados sus derechos más básicos, como son el derecho a recibir atención de los funcionarios policiales cuando son víctimas de un delito, sin ser expulsadas de España por ello, el derecho a la inviolabilidad de su domicilio, el derecho a la intimidad y a ser tratadas respetuosamente.

Desde AIPPEL hacemos un llamamiento para el cese de estas prácticas y abusos y animamos a nuestras compañeras y compañeros a no tener miedo y a denunciar los abusos de que sean objeto. Desde AIPPEL nos comprometemos a tramitar sus denuncias, con nombres y apellidos hasta el final. No basta con que nos hagan llegar sus quejas, como hasta ahora, si luego por temor no desean tramitar las denuncias de estos graves abusos, rayanos en el delito. Sabemos que es difícil pero hay que hacerlo. En otro caso nuestro derecho a usar nuestro cuerpo y nuestro sexo como queramos y cobrando si queremos, en definitiva, nuestra libertad sexual, nuestro derecho a prestar servicios sexuales, en definitiva, nuestro derecho al trabajo, y nuestros derechos básicos, como la inviolabilidad de nuestro domicilio, nuestra intimidad familiar, ser protegidas ante los delitos de que somos víctimas y el resto de nuestros más elementales derechos seguirán siendo violados, en muchos casos por el Gobierno y las autoridades que debieran protegerlos.



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