viernes, 4 de diciembre de 2009

El gobierno planea frenar las descargas de archivos de Internet

Siento mucho volver a tratar otro tema que -aparentemente- no tiene nada que ver con la prostitución. Les resumiré brevemente de qué va el asunto, resulta que la ministra de Kulturra, Ángeles González Sinde-scargas, ha propuesto desconectar de internet a quienes realicen descargas no autorizadas sin necesidad de autorización judicial. Es cierto que Zapatero ha tenido que desaprobarla, pero eso no quiere decir nada porque ella misma negó la posibilidad de recurrir a medidas como éstas hace apenas un mes y siempre pueden aprobarlas de tapadillo, de espaldas a la ciudadanía como hicieron el año pasado con la rebaja fiscal a los banqueros. ¿Cual sería el objetivo de lanzar unas declaraciones y tener que retractarse al poco, con el desgaste político que ello supone? Es lo que los politólogos denominamos "globos sondas", que sirven para tantear la opinión pública (aunque la verdad me parecen bastante absurdos ya que pueden hacer lo mismo mediante encuestas del INE).

El ataque a los programas P2P tiene un trasfondo muy preocupante: el desmantelamiento de la sociedad libre y el reconocimiento de facto del poder desmesurado que tienen unos pequeños pero poderosos y organizados lobbys de presión.



Considero que iniciativas como ésta son ejemplificadoras de la naturaleza totalitaria del actual ejecutivo: se anuncia una decisión de gran trascendencia sin contar con el respaldo de la ciudadanía, se encubre la realidad con un discurso "aparentemente" justo (la "protección" de los derechos de autor, la "economía sostenible"...) y se retuerce la legalidad para criminalizar aquello que, legalmente, no es delito (creación de un órgano que pueda restringir el acceso a Internet sin autorización judicial). ¿Ven ya las conexiones con la prostitución? El modus operandi es exactamente el mismo: la criminalización y exclusión del debate público de clientes y prostitutas, la retórica de la violencia de género y de lucha contra las mafias, y finalmente el recurso a los ayuntamientos para legislar multando administrativamente algo que no es considerado delito según el código penal. Aunque existe una gran diferencia: mientras los internautas son conscientes de sus derechos y han plantado cara, los puteros seguimos escondiéndonos como ratas.

Desde aquí me solidarizo con la lucha de los colectivos contrarios a esta política gubernamental, es necesario defender a la sociedad civil de las intromisiones de un poder público que en vez de protegerla actúa avasallándola. Si la ciudadanía quiere compartir archivos y además prospera haciéndolo, ¿por qué vamos a impedírselo? ¿Para salvaguardar los "derechos de autor" de una panda de TITIRITEROS cuyos discos no queremos ni regalados? Los buenos artistas ven en Internet una oportunidad más que un peligro, ya que pueden llegar a un mayor público y así promocionarse (si gustasen la gente iría a sus conciertos). Lo mismo sucede con quienes nos vamos de putas, ¿qué motivo existe para la intervención pública cuando sólo una minoría la desea? Pues supuestamente la defensa de la dignidad de la mujer prostituida, las molestias que genera la prostitución o la reeducación de unos señores (nosotros, los puteros) que denigran, explotan y humillan a estas señoras. Los argumentos son preciosos, muy bonitos, bellísimos, PERO PURA MENTIRA. Son frases vacías, una tras otra son justificaciones completamente alejadas de la realidad que les sirven para respaldar sus políticas. Tras ir comprobando a lo largo de años que bajo la excusa de amparar los bienes públicos en realidad se abrigaban intereses personales me he ido volviendo muy cauteloso ante los "bienhechores" de la humanidad.