Ángeles Álvarez, concejala del PSM
"No es fácil estar con el corazón en un puño ante la posibilidad de que te pille la policía".
Yaíma Beltrán, prostituta
"La violencia contra las prostitutas está amparada en el desprecio que la sociedad en general y las instituciones en particular manifiestan hacia ellas".
Cristina Garaizábal, portavoz del Colectivo Hetaira
"Creo que hay que realizar un trabajo político firme que permita reconocer los derechos de estas personas, lo que supone un cambio de perspectiva en el ejercicio del trabajo sexual. Los actuales prejuicios dificultan posicionarse de forma clara sobre el tema. Creo que es necesario seguir con el debate. ¿Quién defiende sus derechos, sus necesidades? ¿Cómo frenar los abusos que pueden sufrir por parte de quienes ponen las normas?".
Aloña Goiburu, coordinadora del programa
sobre mujer y prostitución de la Comisión Antisida de Bizkaia
sobre mujer y prostitución de la Comisión Antisida de Bizkaia
Otra de las preguntas que constantemente nos formulan es que por qué deseamos que se regule esta actividad. Bueno, en realidad dicen "que se legalice" mostrando que no tienen mucha idea del tema. En Holanda, donde los burdeles estaban PROHIBIDOS, sí se puede hablar de legalización porque algo que antes estaba perseguido, que era delito, deja de serlo. Pero aquí la prostitución no lo es, podríamos plantearnos que se legalizase el proxenetismo que aunque es una palabra que suena muy mal no consiste más que en ganar un dinero por el ejercicio de la prostitución de otra persona. Es decir, como cualquier empresario. Por muy canalla, explotador y sinvergüenza que sea tu jefe es legal que gane dinero con tu trabajo. Pero si estás de puta madre en un piso cobrando 100 pavos por polvo y pagas un porcentaje a alguien para que te consiga clientes y un buen sitio donde trabajar, entonces es un/a proxeneta que te está "explotando sexualmente" y debe ir a la trena por muy a gusto que estés currando para él/ella.
Pero estábamos hablando de que, según se lee en los foros y se escucha en los debates de TV, nosotros tenemos que estar de puta madre: las chicas sin cotizar a la Seguridad Social y los clientes sin pagar IVA. ¡Yujuuuu, esto debe ser un paraíso anarcocapi! Aquí ni leyes, ni impuestos, ni ningún tipo de obligación. Hacemos lo que nos da la gana y cuando nos da la gana. ¿Es eso lo que creen, queridos míos?
Pues no, señoras y señores, no es así. La ALEGALIDAD, que es la situación jurídica actual de la prostitución en España (menos la que se ejerce en la calle, que se va prohibiendo cada vez más), no nos beneficia. O mejor dicho, sí lo haría si realmente se respetase. Si la situación de iure también fuese la existente de facto. Pero es que no es así, no se puede legislar desde los despachos sino que en primer lugar es preciso conocer la realidad social. ¿Y qué sucede en la calle, en las carreteras, en los polígonos? Pues que las autoridades se valen de esta DESPROTECCIÓN legal para cometer impunemente una serie de abusos a las trabajadoras sexuales que son totalmente inadmisibles en un Estado de Derecho como el que presumimos tener. Dentro vídeo:
Y eso fue precisamente lo que más llamó la atención del relato que tanto fue "meneado", mi afirmación de que ciertos uniformados (no digo ni muchos ni pocos, no sé cuántos, pero UNO sólo ya sería demasiado) se aprovechan de su condición de agentes de la autoridad para amenazar y obtener beneficios (en dinero o "en especie") de estas personas. Soy plenamente consciente de que estoy pisando un terreno delicado y que lo más prudente sería dejar este tema a aquellos profesionales como policías (de los de verdad), jueces y periodistas que deban encargarse del asunto.
Desde luego me voy a meter en historias de las que muy probablemente salga perjudicado, no soy ni un héroe ni un loco. Pero tampoco un cobarde: si queremos hablar de prostitución es indudable que tendremos que tocar aspectos muy incómodos como son las enfermedades de transmisión sexual, la prostitución infantil o las "mafias" que controlan y extorsionan a estas mujeres. Y les aseguro que no cuento, ni de lejos, todo lo que sé...
Hace cuatro años cobró notoriedad el caso del comisario de Coslada, D. Ginés Giménez (que había sido presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local), quien estuvo extorsionando durante 25 años a los vecinos de este municipio madrileño. Si los propios españoles ya estaban acojonados, imagínense ustedes qué podían sentir las putas de carretera.
Esto es como las tramas de corrupción política, que sólo salen a la luz cuando alguno de los implicados se siente agraviado y tira de la manta (Guateque, Palma Arena, Mercasevilla…). Además creo que no deberían darse a conocer públicamente, porque harían aumentar la desafección política y socavarían la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La mejor opción es que la Administración hiciese una discreta limpieza interna, sin que nadie se enterase. No hablo de proteger a los corruptos, sino de hacer las cosas de una manera sensata. El remedio no puede ser peor que la enfermedad, y si acusamos de extorsión a 30 policías como en Coslada lo que estamos haciendo es dar un mensaje muy negativo a la sociedad, como que no pudiesen fiarse ni de sus propias autoridades. Y aunque ésto pueda llegar a ser cierto hay que evitar que un sentimiento semejante prenda en la ciudadanía, por responsabilidad política.
Mi propuesta personal es que una legislación sobre prostitución, en el contexto de la España del año 2012, debería ir más encaminada a regular a los propios poderes públicos que la actividad de la prostitución en sí misma. Porque "regular", ya está regulada de sobra: turnos y sitios en los que pueden trabajar las chicas, tarifas (o "aportaciones" como decían los de "El Bloke"), incluso controles sanitarios obligatorios. Así que mi visión pragmática y posibilista del asunto es que, si la Administración no se ajusta a la legalidad al menos ajustemos la legalidad a la Administración. Lo que no quiero es que haya una discordancia tan grave entre la letra de la Ley y la realidad. ¿Que se cobra a las prostitutas? ¿Que se las imponen zonas para trabajar u horarios? ¿Que se las obliga a pasar exámenes médicos periódicos? Bueno, son decisiones que podrán parecernos mejores o peores, eso es discutible. Pero supongo que todos coincidiremos en que, si se hacen, sea de acuerdo a Derecho. Que las autoridades no puedan establecer esas obligaciones sacándoselas de la manga, hombre. Por eso a esta postura la llamo "legalizacionismo": ajustar la Ley a lo que ya está pasando (y sí, "legalizar" lo que de otra forma sería delito... con lo que estoy protegiendo a la Administración pero a la vez limitándola a que haga única y exclusivamente aquellas funciones que tiene asignadas).
Programa en el que Francisco Rubianes, abogado del Ayuntamiento de Coslada, explica la trama delictiva de "El Bloke" a Don Federico y sus oyentes. Hace hincapié en que Ginés era todo un personaje televisivo, con gran "carisma mediático" lo que llevó en no pocas ocasiones a los platós de televisión. El tío delinquía y encima salía en la caja tonta dándoselas de combatir el crimen. Qué curioso... ¿podría ser que algún otro mafioso estuve siguiendo este mismo modus operandi? Ya sería el acabose, que el mayor proxeneta de Madrid y probablemente de toda España en vez de esconderse se publicitase. Y no digamos si le llegasen a llamar las asociaciones abolicionistas para dar charlas contra "la trata". Desde luego sería algo impensable... ¿o no?
La regulación de la prostitución podría ir en este sentido, que es lo que yo defiendo, pero no necesariamente. Algunas regulaciones pueden empeorar la condición de las prostitutas, pues en vez de centrarse en el reconocimiento de derechos (que es lo que propugna Hetaira) o en la limitación de la arbitrariedad de la Admón poniendo coto a sus excesos (lo que yo digo), lo que les puede interesar más es el aspecto del orden público (“que no se vea”, como dice una señora de las que comenta en menéame), el control sanitario (como las decimonónicas ordenanzas españolas del siglo XIX), el tema fiscal (en Bonn se instalaron “parquímetros” para prostitutas) o el control migratorio (modelo holandés). Todavía es peor si, como propone Felip Puig, de lo que se trata es de encubrir y por tanto fortalecer las prácticas irregulares de las propias autoridades. En fin, que la idea es que una Ley (u otra norma legal, pero dudo mucho –al igual que el Síndic de Greuges y el ministro de Justicia- que la prostitución pueda regularse mediante un reglamento, tanto por rango normativo como por competencias) no garantiza nada per se sino que depende del sentido que tome.
Se calcula que la “legalización” de drogas y prostitución haría ingresar 15.000 millones de euros a las arcas públicas. El déficit de este año es de 28.000. Más de la mitad cubierto únicamente por esta medida (por ejemplo la polémica amnistía fiscal vendría a suponer “tan sólo” 2.500 millones), con lo cual no habría que realizar tanto “recorte social”. ¿Por qué no se hace? Sí, tenemos el caso de la abogada Gloria Poyatos que se inscribió como autónoma mostrando que era posible cotizar a la Seguridad Social. Cierto. Pero las que trabajan para un tercero en pisos, clubes y agencias no pueden darse de alta en la SS pq la ley no se lo permite. Lucrarse de la prostitución ajena está contemplado como delito por el vigente Código Penal, aunque se haya dado consentimiento (artículo 188) y además, como les he dicho, el problema de estas mujeres no es "cotizar". Más bien el contrario, que "tributan" en exceso.
Os enlazo una serie de entradas de este mismo blog relativas a la regularización de la prostitución:
· La regularización de la prostitución a debate (virtual)
· Primero de Mayo, por el reconocimiento del trabajo sexual
· La prostitución, una cuestión política
· Regular la prostitución I: El debate ideológico
· Paula Vip en “L´Entrevista” de TV3 (Televisió de Catalunya)
· ¿Debe admitirse la prostitución como una actividad laboral más? Un caso práctico
· El epígrafe API, ¿qué conllevaría la regulación de la prostitución?
· La regulación de la prostitución en Catalunya Ràdio
