"Se trata de preservar las condiciones para que no haya siniestros y aprovechar esta grieta para ver si somos capaces, desde un punto de vista legislativo y ejecutivo, de intervenir mejor y expulsar de nuestras carreteras la prostitución"
“El Consistorio, con la presencia de la Guardia Urbana, debe presionar para conseguir erradicar de Barcelona actividades como la prostitución callejera tal como hizo en su día con los limpiacristales; que es la muestra que con presión policial y normas claras determinadas prácticas se pueden acabar para conseguir de Barcelona una ciudad de ley con ordenanzas y valores”
"Lo que más nos duele es que nunca nos preguntan, que nunca nos consultan, siempre hacen las cosas desde su perspectiva, pero es que su perspectiva está muy equivocada"
"Las administraciones pueden regular y perseguir. Lo que no pueden hacer sólo es perseguir, porque si sólo perseguimos forzamos a la exclusión a aquellas personas que se dedican (a la prostitución), las marginamos y las invisibilizamos y las criminalizamos. Y eso no nos lo podemos permitir. Nos lo llevamos permitiendo mucho tiempo, demasiado, ¿por qué? Porque simplemente no las consideramos ciudadanos de primera como nosotros, y eso es intolerable".
El nuevo gobierno autonómico de Cataluña está decidido a acabar con la prostitución más visible, la que se ejerce en los espacios públicos. La ingeniosa manera que han pensado está en prohibirla mediante una modificación de la Ley de carreteras de 2009, aduciendo que así se evitarán accidentes de tráfico pues las chicas “distraen a los conductores”.
Pocas noticias me podrían alegrar más. ¿Ein? ¿Pero qué dice éste? ¿Es que ahora se ha pasado al otro bando? Jajaja. Qué va, con lo que me regocijo es con sus explicaciones y declaraciones EXTRAORDINARIAMENTE TORPES (incluso para el nivel habitual de nuestra clase política). En primer lugar la medida, que claramente atenta contra derechos fundamentales, supongo que será fácil y exitosamente recurrida por las asociaciones que apoyan a las prostitutas en Cataluña (LICIT y Génera) a poco despiertas que estén. ¡Es que el propio consejero de interior de la Generalitat, el señor Puig, ha reconocido que esto no es más que una argucia porque la normativa que se debería emplear, la Ley de seguridad ciudadana y de orden público, es una Ley Orgánica sobre la que no tienen competencia! Voy a tratar de explicarme porque aunque esto no es difícil hay que tener una noción mínima de derecho constitucional, que no le presupongo al lector.
En un Estado de Derecho, constitucional, garantista, lo que no se puede hacer son precisamente cosas como ésta, emplear la Ley de una manera perversa para “salirse con la suya”. No, hay unos cauces, unos procedimientos, unas reglas que hay que cumplir (bueno, eso es al menos en teoría, porque en ese mismo territorio se halla vigente un Estatuto de Autonomía claramente inconstitucional). El constituyente estableció que algunas materias resultaban tan sensibles que tenían que protegerse con especial celo para evitar la indefensión ciudadana y el abuso por parte de los poderes públicos (esto se lo debemos al tan denostado liberalismo). Para ello creó la figura de la Ley Orgánica, que exige que aquellas leyes referidas a derechos fundamentales y libertades públicas hayan de pasar un procedimiento especial que hace necesario que no baste, como sucede con las leyes ordinarias, con que una mayoría simple del Parlamento vote su aprobación (lo cual puede hacer CiU dado su número de escaños en el Parlamento de Cataluña).
El consejero Felip Puig nos explica que para él la Ley es un simple formalismo, que como la prostitución "atenta contra su sistema de valores" considera lícito retorcer la legalidad para salirse con la suya y que no tiene problema alguno en imponernos coactivamente esos valores a los demás. Pasen y vean la fauna política que habita en España o, mejor dicho, en Cataluña. Individuos como éste se podrían independizar pero ya.
Pues bien, la modificación legislativa que se proponen es claramente RESERVA DE LEY ORGÁNICA, ya que un asunto como el ejercicio de la prostitución en la vía pública que afecta al derecho al trabajo o a la libre circulación ha de ser regulado de ésa y no de otra manera. No caben atajos, lo que está haciendo el Govern es por una parte violar los derechos de putas y puteros (y por extensión de cualquier ciudadano, ya que demuestra no someterse al Imperio de la Ley) y por otra invadir competencias estatales, ya que los parlamentos autonómicos no pueden aprobar leyes orgánicas. Así que resulta que lo que van a hacer es una ILEGALIDAD de manual, y encima lo declaran abiertamente (a tal punto ha llegado su nivel de impunidad, porque a todo un señor consejero no le puedo considerar tan mentecato). Claro que es lo mismo que se viene haciendo con las conocidas ordenanzas municipales "de civismo" (o "cinismo", que digo yo), y da lo mismo.
Por otra parte, lo que se vuelve a mostrar claramente es que los políticos recurren a toda clase de excusas -por inverosímiles que sean- para justificar sus acciones, cuando realmente sus intenciones son otras (quedó más que demostrado con la limitación de velocidad a 110 Km/h, como "medida de ahorro" que "no perseguía fines recaudatorios"). El propio Puig ha declarado que lo de la seguridad vial es una excusa, que lo que quiere es acabar con la prostitución visible y que él es partidario de un planteamiento abolicionista (que en la práctica se torna prohibicionista). Éste es el peligro de los tecnó-burócratas, que en aras de un pretendido (e inexistente) bien común pueden establecer cualquier medida.
Los poderes públicos parecen empeñados en complicarnos la vida. En la imagen, de una manifestación del Colectivo Hetaira, varias prostitutas y simpatizantes protestan por las actuaciones que ha venido desarrollando la administración pública (en este caso el Ayuntamiento de Madrid).
Dejo paso a la noticia, tras ella les traigo una sorpresita... la opinión que las merece a dos prostitutas que trabajan en Cataluña: Margarita Carreras y Paula VIP.
· Prohibirá esta actividad mediante la 'ley Òmnibus'
· Multarán apelando a la seguridad vial a meretrices y clientes
Barcelona - El Govern prohibirá la prostitución en las carreteras catalanes de titularidad propia y estatal a través de una modificación de la ley de carreteras de 2009 dentro de las leyes Òmnibus, que prevé aprobar antes de final de año. Así lo ha revelado el conseller de Interior, Felip Puig, en una entrevista de Europa Press, y ha explicado que multarán a prostitutas y clientes que se apeen en la carretera valiéndose de una competencia que sí tiene la Generalitat: la seguridad vial.
"En estos momentos la ley de seguridad ciudadana y orden público es una Ley Orgánica, del 92, y por lo tanto nuestras capacidades para abordar según qué tipo de actuación sobre los derechos de las personas está limitada competencialmente", ha lamentado Puig. Así, quiere aprovechar "el margen de maniobra" que les da la competencia sobre la seguridad vial para prohibir la prostitución de carretera, aludiendo que puede distraer a los conductores y provocar maniobras imprudentes. "Se trata de preservar las condiciones para que no haya siniestros y aprovechar esta grieta para ver si somos capaces desde un punto de vista legislativo y ejecutivo de intervenir mejor y expulsar de nuestras carreteras la prostitución", ha indicado.
El nuevo articulado de la ley, dentro del Proyecto de ley de simplificación y mejora de la regulación, contempla la "prohibición de la ocupación temporal de las zonas de dominio público, servidumbre y afectación para realizar usos relacionados con la prestación de servicios sexuales" al considerarlas incompatibles con la seguridad de la vía y su finalidad. Además, considera responsables de las infracciones tanto a las personas que ofrecen la prestación como quienes la solicitan y aceptan.
Se pretende que escenas como ésta tengan los días contados en Cataluña. Ya no hablemos de justicia o de derechos, sino de buen gusto: ¿creen que nos pueden privar de semejante espectáCULO? Como dicen mis niñas de quienes pretenden prohibir la prostitución, "deben ser marrricones".
De cara a septiembre, Puig quiere tener lista una modificación de los criterios de actuación policial, ya que serán los Mossos d'Esquadra de Tráfico los que se encargarán de perseguir a las meretrices apostadas en las carreteras. El régimen sancionador dependerá del Servei Català de Trànsit (SCT), que velará por que la ley se cumpla en todas las carreteras catalanas.
En este sentido, el conseller ha explicado que además de este paso contra las presencia de esta actividad en las carreteras, quieren combatirla en el espacio público urbano homogeneizando ordenanzas municipales "para darles visión global" evitando que el fenómeno pase de una localidad a otra.
Finalmente, se propone actuar para regular la actividad de los prostíbulos y macroprostíbulos. Puig ha negado que quiera legalizar la prostitución en sentido amplio, si no que apuesta por "comenzar a poner presión sobre este tipo de actividad en el espacio público y por lo tanto, iría por la vía de la regulación en las carreteras, el espacio público y los espacios privados".
Las conocidísimas, y ahora indignadísimas, Marga y Paula manifiestan su disconformidad con la reforma legislativa del Govern ante las cámaras de Tele 5. Y de paso aprovechan para dar un repaso a las generosamente subvencionadas (pero escasamente eficientes) asociaciones abolicionistas y desmontar los mitos sobre la trata de mujeres y esclavitud sexual.
Como pueden comprobar, a la hora de llevar a cabo esta iniciativa las prostitutas son sistemáticamente ignoradas. Ésa es la principal reclamación de Marga, y de todos nosotros. No vamos con una agenda cerrada, no pedimos imposibles, TAN SÓLO QUEREMOS QUE SE NOS ESCUCHE, QUE SE NOS TENGA EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MÁS DIRECTAMENTE NOS AFECTAN. Después van estos catalanes y se quejan de la opresión del Estado central… ¿Les gustaría que otros tomen decisiones unilateralmente al igual que hacen ustedes? Como suele decirse, “un poquito de porfavor”. Que como continúa señalando Marga en un país democrático se supone que nuestros representantes no tienen un “cheque en blanco” para hacer lo que deseen, que el que hayan sido elegidos (en muchos casos no por sus méritos sino por las carencias de los rivales) no significa que puedan gobernar autoritariamente como si se tratase de una dictadura. ¿ES QUE TANTO LES CUESTA SENTARSE CON NOSOTROS A VER QUÉ SOLUCIONES PODEMOS APORTAR, AUNQUE SÓLO SEA PARA GUARDAR LAS FORMAS? Alardean mucho del “diálogo social” con empresarios, con dirigentes sindicales, ¡a nivel municipal, hasta con presidentes de asociaciones de vecinos! En cambio la medida de Puig no ha contado con el mínimo consenso, puesto que ha sido atacado desde todos los flancos: por las abolicionistas al quedarse corto ya que no se "erradica esta forma de violencia hacia la mujer", y por los grupos parlamentarios del PP y PSC porque no aborda la regulación de esta actividad en su conjunto.
La culpa no es completamente suya, claro. Nosotros somos responsables por no estar organizados, difícilmente podemos exigir a los políticos que se interesen por nosotros si nosotros no nos interesamos por ellos. En política, lo he dicho muchas veces, la cuestión no reside en quién tiene la RAZÓN sino en quién tiene PODER. Así que nuestra meta más inmediata ha de ser contactar con aliados que nos permitan ejercer algún tipo de presión. En todo caso, de llegar a poder plantear nuestras demandas, ¿qué alternativas proponemos? Sin yo ser, para nada, portavoz de nadie sí que me gustaría hacer notar que lo que tanto Marga como Paula dicen es lo que han venido pidiendo las prostitutas desde siempre. Que no se las cierren todas las puertas, que se vea cómo se puede COMPATIBILIZAR el uso de la vía pública para la captación de clientes (que no el ejercicio de la prostitución, no lo hacemos en la calle como perritos) con otros usos tal y como se hace con infinidad de actividades, y sobre todo que nos traten como a iguales y no nos impongan las cosas. Pero si ya partimos, como hace el sr. Puig, de que la prostitución es inadmisible de ninguna de las manersa no hay nada que hacer. Con radicales, como él mismo se ha calificado, no es posible llegar a acuerdos.
El parlamentario Jordi Cañas, de Ciutadans, ha sido una de las escasísimas voces disidentes que se han puesto a nuestro favor. Aprovechemos esta oportunidad. Lo mismo que nosotros no vamos a ir a las puertas del Parlament, ellos tampoco van a venir a la calle a hablar con nosotros; sin embargo podemos trasmitirles nuestras quejas a través de aquellos políticos que nos muestran un mínimo de respeto y comprensión. Cañas es un hombre responsable, desinformado en ciertos aspectos, pero buena gente. Lo que necesitamos es a personas como él, con cierta relevancia social o peso político, para que "apadrinen" nuestra causa.
La solución que dé la Administración ante un problema ha de ser proporcional, debe tratar de equilibrar los diversos intereses en juego y evitar prohibiciones taxativas que crean un malestar tan profundo. La élite política tiene la responsabilidad de articular un PROYECTO COMÚN de convivencia en el que TODOS, en cuanto ciudadanos, tengamos cabida. Es que parece que a las prostitutas (y ahora también a nosotros, sus clientes) se nos pueda apartar como si fuésemos mugre, pero fíjense en lo que dice Paula, que si se aplicase el mismo rasero a todos habría que prohibir incluso a los peregrinos que andan por los arcenes. Además es una política que no tiene "demanda social", NADIE la ha reclamado, no parece que hayan aumentado escandalosamente los accidentes debido a las prostitutas (me encanta la ironía de Paula, a ver dónde están esos informes...). De todas formas no hace falta poner en evidencia al consejero pues él mismo se descubrió, declarando que no era más que una especie de subterfugio para acabar con la prostitución.
Lo que sucede cuando se toma una decisión política sin considerar a los sectores afectados es generar más problemas que soluciones, el señor Puig tendrá que convenir con nosotros que nadie puede saber más de prostitución que los interesados: no es más que aplicar a los individuos el idéntico principio de subsidiariedad que tanto proclaman los nazionalistas. Si además esta política se lleva adelante por iniciativa propia, sin que la sociedad civil lo demande (no me consta que haya ningún movimiento, ni fuerte ni débil, alarmado por los accidentes que provocan las prostitutas de carretera), creamos todo un problema de legitimidad a las autoridades públicas ya que no están sirviendo a los intereses generales sino a los suyos particulares (sucede como con la corrupción, pero bueno, de esto el sr. Puig y su partido tienen una amplia experiencia). Y finalmente, que ya saben que me gusta terminar como comienzo, si se para ello encima ese escamotea la legalidad se crea un peligroso precedente que puede resultar muy dañino para el Estado de Derecho y por tanto para la seguridad jurídica de cualquier español... aunque en Cataluña la vulneración de la Ley sea ya una práctica tan común que esté a punto de crear jurisprudencia.