Manifiesto de la APDHA con motivo del día de la mujer

"Tenemos la firme convicción que la solución a muchos problemas relacionados con la prostitución está en las mejoras de las condiciones laborares y de vida de quienes se dedican al trabajo sexual".

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

Aparte de las efemérides relacionadas con el trabajo sexual más emblemáticas como el 2 de Junio (Día internacional de las trabajadoras sexuales) o el 17 de Diciembre (Día Internacional para acabar con la violencia contra los trabajadores sexuales), existen otras fechas que tradicionalmente han servido para plantear nuestras demandas a la sociedad. Una es el 1 de Mayo, puesto que es un colectivo que pretende ser reconocido y tratado como cualquier otro grupo de trabajadores. Y otra es el 8 de Marzo, ya que buena parte de quienes realizan esta actividad son mujeres.

Una de las ONGs más comprometidas en la defensa del trabajo sexual, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, elaboró el año pasado un manifiesto que reproduzco aquí y en el que en su parte final (tras un análisis politico-económico en clara clave izquierdista) denuncian lo pernicioso de las intervenciones públicas y apuestan abiertamente por "el reconocimiento de derechos laborales" para mejorar la situación de este colectivo. No supone una aportación novedosa al debate pero sí aconsejo su lecura a aquellos lectores que todavía no estén familiarizados con el discurso pro-derechos por su claridad expositiva.

Las asociaciones de trabajadores sexuales, como Hetaira (en la imagen), han organizado movilizaciones sociales donde estas mujeres muestran sus anhelos de integrarse en la sociedad: petición de derechos, de "papeles", de reconocimiento social...  No desean ningún privilegio o trato especial, sencillamente no ser discriminadas.

Manifiesto con motivo del 8 de marzo, día de la Mujer

APDHA, 7 de marzo de 2013

Dentro de un panorama en el que se impone el sistema financiero y mercantil sobre la dignidad de las personas, surgen políticas restrictivas y de recorte de derechos que hacen que las mujeres sean las grandes perdedoras. Se ponen en peligro cuestiones como el trabajo de las mujeres en apoyo a las personas dependientes; el acceso al derecho a interrumpir un embarazo no deseado, el derecho al uso de una vivienda digna… A esto sumamos la situación de las mujeres de los colectivos más vulnerables, que nunca han sido atendidas adecuadamente: las mujeres en prisión, en exclusión y marginación, las mujeres mayores con pensiones mínimas, las mujeres explotadas laboralmente dentro de la economía sumergida, las inmigrantes sin papeles y, en especial, las trabajadoras del sexo. 

Hoy, la Europa de las “libertades” y la “Democracia” fustiga a los Estados con innumerables medidas de austeridad que repercuten en sus obligaciones sociales. En este paisaje, sentimos un miedo incontenible de perder los avances que se han conseguido en cuestiones de Igualdad entre hombres y mujeres. Avances logrados tras acciones y luchas reivindicativas desembocadas en normativas y preocupaciones sociales y políticas que apostaban por la igualdad. La cuestión es que, cuando de la economía se trata, la situación de las mujeres pasa a un segundo plano.

A pesar de la crisis que estamos viviendo, no ha habido cambios en los sistemas económicos que los humanicen y adapten a las necesidades de las sociedades y las personas que las conforman.

Las políticas restrictivas de las garantías sociales mínimas en Europa, y en España, afectan a los niveles de igualdad. Se impone el sistema financiero y mercantil sobre todas las cosas. No importa que con él se retroceda décadas en la vida de muchas personas.

El desmantelamiento del sistema público de servicios básicos repercute más en la mujer 

Con infinidad de cuestiones aún pendientes en asuntos de equidad y de justicia social, con unas pocas políticas de igualdad de oportunidades, de conciliación de la vida familiar y laboral que tenemos asentadas, asistimos al desmantelamiento del sistema público de servicios básicos.

Incluso, aunque con ello se ponga en peligro cuestiones tan importantes como el apoyo a las personas dependientes y a las que emplean parte de sus vidas en cuidarlas; éstas últimas en su mayoría mujeres. Nos parece igualmente problemático que convicciones morales particulares puedan tirar por tierra años de lucha por normalizar la educación sexual y crear la libertad y las garantías sanitarias oportunas que permitan acceder al derecho a interrumpir un embarazo no deseado.

Tampoco se inmutan ni muestran un ápice de sensibilidad quiénes ordenan los desahucios. En muchos casos se trata de familias monoparentales, en las que a su cabeza hay una madre sola enfrentando una situación de paro y pobreza.

Porque la pobreza iguala, sí, precisamente es lo que más iguala. Si a los recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales y tantos otros, sumamos el desinterés por observar cómo estos afectan a la situación de colectivos más vulnerables, entonces quizá podamos asegurar que durante un tiempo de espejismos embaucadores sólo se hacía y decía lo “políticamente correcto” y poco más en los temas relacionados con la situación de muchos colectivos de mujeres.

Porque si los avances y los cambios hubieran sido fuertes y sólidos, hoy nadie se atrevería a tirar por tierra muchos logros pretendidamente conseguidos. Nos podemos preguntar ahora qué va a pasar en colectivos en contextos de pobreza cuando la universalización de los servicios sanitarios, o educativos no estén al alcance.

Y profundizando más en cuestiones relacionadas con la situación de las mujeres, qué va a pasar con lo nunca bien abordado, lo nunca atendido en su medida justa: las mujeres en prisión, en exclusión y marginación, las mujeres mayores con pensiones mínimas, las mujeres y la explotación laboral de la economía sumergida, las inmigrantes sin papeles, y tantas y tantas cuestiones. En la mayoría los casos de vulneración de los derechos fundamentales de mujeres hay detrás una violencia estructural del sistema.

Generalmente las prostitutas y aquellas asociaciones que trabajan con ellas (y no en su contra, como las abolicionistas), consideran que las políticas que finalmente acaban implementando las autoridades públicas "empeoran y precarizan" sus condiciones de vida y trabajo como dice la APDHA. Por eso, como estas activistas de STRASS, vuelven a salir a la calle para expresar el rechazo a su criminalización, que practican las diferentes administraciones siempre "en su beneficio".



Las mujeres que ejercen la prostitución 

En la fecha del 8 de marzo caben muchas reivindicaciones, quizá faltarán fechas y años para poder recogerlas. En la de este año queremos abordar el tema de la PROSTITUCIÓN, y todo lo relacionado con la dignidad de las personas que la ejercen.

Es obvio que la PROSTITUCIÓN es un fenómeno muy complejo. Muchas y muy distintas son las circunstancias, las situaciones socio-económicas de quienes la ejercen y de quienes la demandan. Por ello, tendemos a posturas radicales que generalizan demasiado y miden con el mismo rasero cosas diferentes.

Sentimos el compromiso de avanzar en el conocimiento de las realidades que viven quienes trabajan en el contexto de la prostitución, y centrarnos en aquéllas situaciones que presentan mayores problemas de exclusión social. Tenemos la firme convicción que la solución a muchos problemas relacionados con la prostitución está en las mejoras de las condiciones laborares y de vida de quiénes se dedican al trabajo sexual. 

Nuestra postura está comprometida con el reconocimiento de los derechos laborales, el empoderamiento de las mujeres que libremente hayan optado por la realización de la actividad como medio de conseguir su remuneración económica, con el acompañamiento y apoyo a quiénes se encuentran en situaciones de vulneración de sus derechos.

Queremos denunciar rotundamente como la proliferación de ordenanzas municipales empeoran y ponen en una mayor precariedad el ejercicio de la prostitución en la calle, queriendo invisibilizar una realidad social a la que no se va atender y que, aunque se haya hecho constar en el momento de las sucesivas apariciones de las ordenanzas, nunca llevan una contrapartida de acciones sociales que ayuden en alguna medida en la situación creada.