Desde la posición de mesura y equidistancia que estudiadamente busca representar afirma que ambos "son temas que habría que discutir", sobre los que no ha tomado una posición firme y añade, con ese talante democrático tan del gusto de quienes no se quieren mojar, que "habría que escuchar a los sectores implicados". Me parece bien su respuesta, es la típica para salir del paso diciendo vaguedades que no suponen nada en concreto, es un tema muy serio y complejo como para darle una contestación lo suficientemente detallada en dos minutos.
Pero apunta un aspecto fundamental, clave, primero en torno a las drogas y luego sobre la prostitución. Que el verdadero problema de fondo no es la cuestión de la salud pública sino "el enorme negocio que hay en torno a las drogas". Sería deseable que lo hubiese explicado un poco más, como cuando Monedero habló sobre la heroína y el País Vasco, que lo hizo sin pelos en la lengua. ¿Quién se aprovecha del negocio? ¿Por qué a los gobiernos les interesa tanto mantener en la ilegalidad un sector tan lucrativo? ¿Quienes y cómo están beneficiándose de esta situación?
Por otra parte señala "que la mayor parte del trabajo sexual que se realiza es en condiciones forzosas, por lo tanto eso es esclavitud y eso es intolerable que se produzca". Ya sabéis que, aunque al inicio de este blog yo mantenía que en base a mi experiencia creía que todo ese asunto de putas obligadas, mafias y crimen organizado era una milonga (del mismo modo que creía en ello a pies juntillas cuando no conocía en absoluto este mundo), mi postura ha ido evolucionando y he tenido que reconocer que, efectivamente, muchas chicas -la práctica totalidad, a decir verdad- están obligadas. Y bajo el férreo control de bandas organizadas de proxenetas. Y que quienes realmente se benefician de esta actividad son estos delincuentes, no ellas. Todo eso es indudablemente cierto. Pero también lo es que las chicas ejercen la prostitución voluntariamente... Porque sí, están obligadas... pero no a prostituirse. Y los chulos sí que existen, pero hay que decir quiénes son pues la mayoría de la gente no tiene ni idea de su identidad y no les reconocerían ni aunque saliesen en las noticias del mediodía dando una rueda de prensa. Además no dice nada quien apunta que están forzadas. ¿Y usted qué quiere, que dejen de estarlo o que sigan estándolo? Lo pregunto porque no lo tengo nada claro.
A ver, señor Iglesias. Usted ha comentado cómo ha recibido el apoyo de inspectores, de policías, de jueces y otros funcionarios públicos que le han manifestado desear que llegue al gobierno. Usted es un ferviente partidario de esquilmar a la sociedad para que un reducido núcleo de dirigistas diseñe en qué se debe emplear el dinero de todos los contribuyentes. Usted defiende que el sector público ha de contar con los necesarios recursos para cubrir sus gastos y todos sabemos que el principal requisito para un sistema fiscal es la suficiencia, es decir, que obtenga los ingresos que precisa. Incluso si ello significa vulnerar la legalidad, tal y como han hecho esas formaciones que usted denomina "la casta" y que dicen representar a más del 80% de los españoles. Si "legalizamos" drogas y prostitución, lo que equivale a reconocerles derechos y protección legal en vez de perseguir a quien se gana la vida en estos sectores, cortaríamos de cuajo una importantísima fuente de financiación ilegal de la administración pública. ¿Estamos dispuestos a ello?
Los continuos escándalos de corrupción que han saltado a los medios tienen todos un común denominador, el aprovechamiento de los privilegios inherentes al poder público para obtener pingües beneficios. Y una de las más antiguas y rentables vías de conseguir dinero opaco es crear un mercado sumergido al que poder perseguir, extorsionar y robar impunemente. Obviamente que lo último que interesa en el tema de las drogas es salvaguardar la "salud pública", o con las prostitutas no se trata de protegerlas de abusos o explotación. Bien es sabido que las actuaciones de las autoridades siempre van en sentido contrario, pero no lo hacen por maldad intrínseca sino para mantener su cómoda situación de privilegiados. Es que claro, es muy bonito presumir de tener tres millones de funcionarios o de dilapidar miles de millones en obras públicas innecesarias, pero es que eso hay que pagarlo. ¿Y sobre quién recae la pesada losa de sostener a estos sinvergüenzas? Pues pagan los de siempre, los currantes. Y no hablo sólo de los asalariados ni del sufrido autónomo. Quienes se hallan en mayor precariedad son quienes trabajan en la economía sumergida. Y más si lo hacen en una actividad que es considerada delictiva (caso de drogas) o sobre la que la única regulación al respecto es de orden penal y atribuye enormes potestades a las autoridades públicas (prostitución) permitiendo que puedan exprimir de manera inmisericorde a estos colectivos.
Legalizar las drogas y la prostitución supondría, por una parte, reducir el asfixiante peso del Estado sobre la sociedad civil y disminuir unos ingresos en B que pueden emplearse con total discrecionalidad. Y por otra, enfrentarse con la base electoral de Podemos constituida por funcionarios, pensionistas y demás sectores que confían en la coacción en vez de en su valía personal para ganarse la vida. Un país con drogas y prostitución reguladas "escuchando a los sectores implicados" sería un país mucho menos corrupto (caso de Nueva Zelanda). Y eso, desde luego, es lo que más aterra a cualquier político.
